“No se encontraron antecedentes que confirmen las versiones señaladas por la representación salvadoreña.”
Instituto Nacional de Migración
En un principio el Instituto Nacional de Migración puso en tela de juicio el secuestro de una cincuentena de inmigrantes indocumentados en la zona del istmo de Oaxaca el 17 de diciembre. Después de que la cancillería de El Salvador pidió a las autoridades mexicanas buscar a los levantados, el INM señaló el 21 de diciembre que, tras hablar con las autoridades locales y con la compañía dueña del tren en el que supuestamente se había perpetrado el crimen, no había encontrado indicios de que éste hubiera tenido lugar.
Ayer el INM cambió su posición después de que comparecieron 13 indocumentados que escaparon a los secuestradores, 12 de los cuales son testigos presenciales de los hechos. Ahora reconoce que el levantón sí tuvo lugar.
El tiempo que ha pasado no augura buenas cosas para los secuestrados. En cualquier crimen de este tipo es menester que la autoridad actúe de inmediato, pero el gobierno mexicano perdió demasiado tiempo. La búsqueda de los secuestrados se lleva a cabo ahora con el recuerdo de que apenas en agosto 72 indocumentados fueron masacrados en un rancho en San Fernando, Tamaulipas; a éstos se les invitó a unirse a una banda de delincuentes y, ante su negativa, se les ejecutó.
Los testimonios de quienes lograron escapar al nuevo secuestro, el de Oaxaca, son dramáticos. Señalan que los sicarios amarraron a las mujeres y a los niños. Afirman también que les dispararon cuando trataron de huir.
El padre Alejandro Solalinde, coordinador de la pastoral de movilidad humana de la diócesis de Oaxaca, y cabeza del albergue Hermanos en el Camino para migrantes en Ixtepec, ha señalado que personas identificadas como miembros de la Mara 13, un grupo de los Zetas, amenazaron a los 13 indocumentados que se habían refugiado en su albergue. Los delincuentes les dijeron que se los llevarían por la fuerza si no se entregaban.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue la primera institución que se interesó en el caso. El quinto visitador, Fernando Batista, se entrevistó con los indocumentados que escaparon al levantón. Su intervención ayudó a cambiar la incredulidad del INM. Hasta ayer, sin embargo, no había indicaciones de que la procuraduría oaxaqueña, la PGR o la Policía Federal hubiesen tomado medidas para buscar a los secuestrados.
Estos levantones de indocumentados sugieren que los cárteles están teniendo dificultades para reclutar personal para sus organizaciones. Los secuestros serían una forma de obtener nuevos soldados para las guerras que mantienen.
Los grupos criminales aprovechan el temor de los indocumentados ante las autoridades migratorias para llevar a cabo estos levantamientos. De hecho, poco antes de que se cometiera el secuestro del 17 de diciembre, el INM realizó una redada en el tren del istmo y detuvo a 92 indocumentados. Quienes pudieron evadirse del operativo de Migración volvieron a subirse al tren y ahí fueron objeto del secuestro. Me pregunto si realmente México debe mantener esas redadas que nosotros cuestionamos cuando se realizan en Estados Unidos.
Lo que más preocupa ahora, sin embargo, es la tardanza con la que las autoridades mexicanas han reaccionado. Ya fuimos testigos de la matanza de San Fernando en agosto. Hoy habría, quizá, la posibilidad de evitar una masacre similar. Pero el tiempo transcurrido mientras las autoridades parecían más interesadas en negar el secuestro que en actuar contra los responsables hace muy difícil evitar una conclusión dramática.
El sector externo sigue impulsando a la economía. Las exportaciones totales mexicanas aumentaron 31.3 por ciento en enero-noviembre de 2010 frente al mismo período de 2009. Las de productos mineros se elevaron 68.5 por ciento y las de la industria automovilística 58.2 por ciento. El mercado interno, en cambio, muestra una expansión mucho más débil.
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