La ley SB1070 de Arizona que criminaliza a los indocumentados es ante todo una provocación social y política de grandes riesgos y alcances.
Los representantes del Congreso de Arizona y la gobernadora Jan Brewer saben bien que el nuevo reglamento cuenta con amplias posibilidades de ser vetado en una corte federal una vez que se demuestre que atenta contra los derechos humanos y que asume atribuciones a nivel estatal que corresponden al Gobierno de Estados Unidos.
Esto ya ocurrió en los noventa con la Proposición 187, lanzada en tiempos del gobernador Pete Wilson en California, y que pretendía negar los servicios públicos y educativos a los habitantes indocumentados tal como si se tratara de esclavos sin derechos ni prerrogativas.
La disposición legal que aprobó la gobernadora Brewer el pasado viernes ha levantado un alud de protestas y reclamos no sólo de los defensores de derechos civiles y de las agrupaciones pro-migrantes, sino también de gobiernos locales, medios de comunicación e incluso del presidente Barack Obama quien censuró la nueva ley.
Los cabildos de Los Ángeles y San Francisco, en California, expresaron su descontento y acordaron emprender un boicot económico contra el estado de Arizona. Lo mismo ocurrió en dicha entidad en ciudades como Flagstaff que están en contra por el incremento en el gasto que representará la aplicación de dicha Ley.
La indignación de los grupos activistas de Estados Unidos es tal que este primero de mayo han sido convocadas marchas de protesta en por lo menos 75 ciudades norteamericanas.
México ha hecho lo suyo al advertir de los riesgos que significará visitar Arizona ante el ambiente racista que prevalece al tiempo que el Gobierno de Sonora canceló su participación en la reunión anual de la Comisión Sonora-Arizona programada para junio.La ley SB 1070 logró revivir la discusión sobre una reforma migratoria en Washington, asunto empantanado desde hace más de un año. Varios congresistas distribuyeron propuestas sobre el tema con miras a elaborar una iniciativa de Ley antes que el descontento se desborde por la arbitraria medida de Arizona.
Pero también hay reacciones de apoyo, tanto en Texas como Oklahoma han surgido propuestas similares a la SB 1070 y grupos como Minuteman anunciaron que reforzarán sus acciones para frenar la inmigración en la frontera con México.
Por todo lo anterior hay dos asuntos que deben preocuparnos ante esta nueva escalada contra los inmigrantes en los Estados Unidos, especialmente los de origen mexicano.
El primero es evitar caer en la provocación porque sería hacerle el juego a estas minorías norteamericanas que desearían una reacción visceral para justificar sus acciones.
Los mexicanos y quienes se sientan ofendidos por esta Ley están obligados a participar en boicots comerciales, marchas de protestas y dejar de viajar a Arizona, pero no realizar acciones fuera del marco legal porque sería caer en la trampa de la gobernadora Brewer y sus simpatizantes.
El segundo tema es el origen de la Ley SB 1070 que a nuestro juicio emana de la indolencia del Gobierno de Estados Unidos para atender el problema migratorio y de la incapacidad del Gobierno mexicano para controlar la salida de connacionales.
A raíz de la Operación Guardián en California, la frontera de Arizona se convirtió en el punto de entrada para decenas de miles de inmigrantes que a través de los años han llegado a Estados Unidos en busca de lo que carecen en México: trabajo, seguridad y salud.
Son ya 13 millones de indocumentados de los cuales medio millón habitan en Arizona y aun así las autoridades del Congreso y la Casa Blanca rehúyen a la imperiosa necesidad de resolver el status legal de tantas personas.
Sin olvidar que esta migración obedece a necesidades reales de una economía norteamericana urgida de mano de obra barata y accesible.
No hay mal que por bien no venga, dice el viejo refrán. La SB 1070 puede ser la gota que derrame el vaso y que concrete una Ley migratoria humana y digna en Estados Unidos.
