La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró hoy que la nueva ley antiinmigrante en Arizona abre la puerta a la discriminación racial en ese estado.
El organismo expresó también su preocupación por la criminalización de la presencia de indocumentados, por considerar que lleva al extremo las normas internacionales sobre los controles migratorios.
'La Comisión Interamericana expresa su profunda preocupación ante el alto riesgo de discriminación racial en la implementación de la ley', indico el órgano dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Promulgada la semana pasada, la ley exige que la policía de Arizona pregunte sobre la situación migratoria de cualquier persona sobre la cual tenga 'sospecha razonable' de estar ilegalmente en el país.
Establece además que la presencia de un inmigrante indocumentado en Arizona configura el delito criminal de 'traspaso', que conlleva una pena de hasta seis meses de prisión y el pago de una multa.
El máximo órgano de la OEA en materia de derechos humanos recordó que las normas internacionales establecen que la detención debe aplicarse sólo de manera excepcional y luego de haber analizado, en cada caso, su necesidad y proporcionalidad.
La CIDH retomó una resolución emitida el año pasado, en la que indicó que los Estados deben evitar la prolongación excesiva de la detención en todos los casos, y deben asegurar que sea lo más breve posible.
En un comunicado difundido aquí, la comisión asentó que la detención debe ser ordenada por la autoridad competente, acción que por regla general recae en un juez.
La CIDH precisó que el derecho internacional reconoce que los países pueden establecer mecanismos para controlar el ingreso y la salida de extranjeros de su territorio.
Empero indicó que las acciones en este sentido deben realizarse dentro del pleno respeto a los derechos de las personas afectadas.
De igual modo refirió la observancia de principios fundamentales como la no discriminación, que los derechos a la libertad e integridad personal no pueden subordinarse a la implementación de políticas públicas.
La comisión exhortó a las autoridades estadunidenses a buscar los mecanismos adecuados para modificar la ley de Arizona 'a fin de adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos para la protección de los y las inmigrantes'.
