Inconformidad. Las autoridades mexicanas no han tomado medidas ante la aprobación de la Ley Arizona; el INM y la SRE coinciden en que están atentos.
Por la fisonomía del mexicano, cualquiera podría ser catalogado como "indocumentado" ante la Ley Arizona, norma que es discriminatoria y viola los derechos humanos.
INSENSIBILIDAD
Ante el cuestionamiento de si la Ley Arizona viola los derechos humanos, Emilia Elizondo Torres, delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), respondió que "como mexicana pienso que sí, no sé la gobernadora (de Arizona) basada en qué aprueba esta ley... estamos en el entendido de que la ley va por un sospechoso o cualquier persona que quiera pasar al otro lado, tenemos rasgos muy especiales los mexicanos", refirió la funcionaria.
En este contexto, "pudiéramos decir que sí es discriminatoria".
La SRE no ha recibido comunicado por parte del gobierno norteamericano y por ser su decisión son "muy pocas" las medidas que se pudieran tomar para proteger a los mexicanos.
El Departamento de Protección a Migrantes espera un incremento en las solicitudes de ayuda por la nueva ley.
Sin censo
Estable
Nueva norma es un retroceso en derechos
"Indudablemente que cualquier ley que vaya contra la dignidad de la persona y del libre tránsito afecta, es un retroceso en términos de reconocimiento y los derechos de la persona. El Estado nunca podrá estar por encima de ella". Así se refirió a la Ley Arizona Miguel Hernández Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM).
El programa Paisano detectó un porcentaje bajo de duranguenses que provinieron de Arizona; son las ciudades de Los Ángeles, Chicago y Houston donde residen más.
El INM tampoco ha recibido indicaciones extras para actuar frente a la Ley Arizona; el organismo será "receptivo a saber cómo se va a comportar, no se habla de veto ni acción en contra, estaríamos obrando como ellos". México lucha por una política migratoria para brindar protección a los migrantes, no en contra de ellos.
El trabajo del Instituto se activa en casos de deportaciones e inicia el proceso de reinserción a las comunidades de origen; se busca apoyo por medio de becas, trabajo y el Seguro Popular.
