La cuestionada Ley SB1070 que en materia migratoria fue promulgada en el Estado de Arizona, es el resultado de una insana tendencia a nivel mundial propia de nuestra época, que desatiende los problemas hasta que derivan en crisis, antes de abordar su tratamiento con seriedad y con ánimo de resolverlos.
La Ley ha sido objeto de críticas justificadas porque penaliza a los mexicanos en su condición de inmigrantes ilegales en el Estado de Arizona, lo que contradice principios fundamentales del Derecho Internacional.
El Gobierno de México ha protestado de manera formal por conducto de su embajador en Washington, en tanto que en los propios Estados Unidos se han producido reacciones adversas como es el caso del propio presidente Barack Obama, que calificó la Ley en comento como absurda.
En el caso que nos ocupa el absurdo pretende ser justificado por los promotores de la Ley en comento, en función de la inseguridad y el alto costo social de la inmigración ilegal, pero es el caso que tales efectos negativos no derivan del fenómeno migratorio en sí, sino de su misma falta de atención regulatoria que pospone de modo indefinido el tratamiento integral y de fondo de la cuestión.
Es de esperar que la Casa Blanca y algunos otros protagonistas de la vida pública de Norteamérica impugnen la Ley por medios legales hasta impedir su aplicación, cosa que no resulta suficiente, porque lo que en realidad procede es que los gobiernos de ambos países se avoquen a crear un tratado conjunto que responda en justicia a las necesidades del la realidad actual, que llene el vacío generado por la apatía de los gobiernos involucrados, y que la Ley SB1070 pretende llenar.
Se debe recordar que desde hace quince años en que tuvo lugar la firma del Tratado de libre Comercio de Norteamérica, el tema migratorio se planteó como una asignatura pendiente cuya atención constituye un imperativo complementario a la relación comercial, que resulta de mayor importancia, porque implica los derechos de los trabajadores migrantes.
Dada la asimetría de ambas economías, la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos es una constante natural y por ende inevitable desde los años de la Revolución Mexicana, que generó una sangría demográfica en nuestra clase media hacia el vecino país, que desde los años treinta originó que la ciudad de Los Ángeles en el estado de California, se convirtiera en la segunda ciudad más poblada de mexicanos, después del Distrito Federal.
En la década de los años cincuenta la contratación de braceros como se les llamaba a los trabajadores agrícolas mexicanos, se convirtió en una necesidad imperiosa para el impulso de la pujante economía norteamericana de la posguerra, lo que marcó el inicio de una corriente migratoria masiva que hasta la fecha continúa. En la actualidad la migración ha rebasado el sector agrícola para inundar los segmentos más variados en el sector de servicios y en diversos niveles de preparación académica, lo que genera un ingreso de divisas a favor de nuestro país, que compiten en importancia con las exportaciones petroleras.
La idea peregrina que algunas voces han externado en México, respecto a un boicot a la economía de Arizona por parte de los mexicanos no debe tener eco, porque tendría efectos contraproducentes en virtud de que los Estados de Sonora en México y de Arizona en los Estados Unidos, son entidades unidas por lazos culturales, de cooperación tecnológica y económicos, que han sido cultivados ancestralmente con grandes beneficios para ambas partes.
El mosaico multicolor de la realidad migratoria que ofrecen los mexicanos en Estados Unidos y los beneficios en que se traduce para ambos países y sus ciudadanos de carne y hueso, exige soluciones diplomáticas de fondo y de largo plazo.
