Gómez Urrutia queda amparado y protegido por la resolución del juez décimo de distrito de amparo en materia penal en el Distrito Federal, con la que se determina la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión referida.
El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Napoleón Gómez Urrutia libró una orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero que había dictado el juez noveno de distrito en procesos penales federales, según informó la organización a través de un comunicado.
En éste se señala que Gómez Urrutia queda amparado y protegido por la resolución del juez décimo de distrito de amparo en materia penal en el Distrito Federal, con la que se determina la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión referida.
"Esta resolución pone de manifiesto, una vez más, la persecución política que ilegalmente se sigue en contra del Sindicato y su dirigencia", señaló el abogado de Gómez Urrutia, Marco del Toro.
"Es inconcebible que los mismos hechos hayan dado lugar a un cúmulo de órdenes de aprehensión de distintos estados de la República y fueros".
El abogado continúa "sin embargo, al día de hoy y producto de las acciones de defensa, se cancelaron ya las órdenes de aprehensión dictadas, por idénticos hechos, por jueces en San Luis Potosí, Sonora, Distrito Federal (Juzgados 51º y 18º Penales). De igual forma se concluyeron definitivamente tres averiguaciones previas en el Distrito Federal por no existir delito alguno, iniciadas por los mismos hechos".
Según el abogado, se resolvió en el ámbito federal que las órdenes de aprehensión libradas por los jueces noveno y primero de distrito de procesos penales federales por lavado de dinero y delito bancario, respectivamente, son claramente inconstitucionales y procede por tanto su cancelación.
De acuerdo con la consideración del sindicato, "es evidente que esta oleada de acusaciones sin sustento (contra Gómez Urrutia) tiene el propósito de privilegiar desde las más altas esferas del ‘poder público' a Grupo México y su intento por crear un sindicato a la medida de sus intereses y en perjuicio de los trabajadores".
"Aun cuando el gobierno federal ha hecho lo indecible por pasar por encima del estado de derecho, esta persecución política se ha encontrado con algunos jueces que tienen bien clara su tarea de impartición de justicia, a diferencia de otros que tristemente se han dejado presionar, pervirtiendo su importante función", dijo Marco del Toro.
