Derechos. Los políticos de oposición de aquel país aseguran que el trato a los indígenas es fascista. EFE
Al cumplirse 72 días y con los ayunantes cada vez más debilitados, prosigue la huelga de hambre de 32 mapuches presos que demandan cambios en las leyes por las cuales se les procesa por acciones violentas.
El arzobispo Ricardo Ezzazti, quien hace una semana inició gestiones mediadoras a petición del Gobierno, no ha logrado hasta ahora sentar las bases para establecer una mesa de diálogo entre las autoridades y los representantes de los mapuches.
El prelado mostró preocupación ayer por la prolongación del ayuno mapuche, al que se sumaron hace dos semanas dos jóvenes indígenas también presos.
"Hay un gran deseo de terminar con esta huelga de hambre, porque realmente está afectando la salud de los comuneros. La situación objetiva de ellos es muy complicada, muy complicada, y naturalmente se complica cada día más'', declaró Ezzati.
En su papel de facilitador del diálogo, el arzobispo de Concepción, a 500 kilómetros al sur, en cuya cárcel hay cinco de los 34 ayunantes, se ha reunido con los representantes de los mapuches e incluso con el dirigente Héctor Llaitul, preso en esa ciudad. Llaitul es considerado el líder de una de las organizaciones más radicales de los mapuches, a la que se ha responsabilizado de ocupaciones de predios que reclaman su devolución y de enfrentamientos con la policía.
El único avance que ha conseguido el mediador religioso es reducir las demandas de los mapuches a tres puntos: que no se les procese por la severa ley antiterrorista y al mismo tiempo por la justicia militar y a eliminar en sus procesos a los testigos con rostros cubiertos.
El Gobierno no parece dispuesto a ceder en eliminar de sus procesamientos la ley antiterrorista, aunque está propiciando en el Congreso algunas modificaciones a esa legislación.
El debate legislativo ha motivado una pugna entre el Gobierno y la oposición centroizquierdista.
