"Los mejores reformadores que el mundo ha visto son los que comienzan por sí mismos."
George Bernard Shaw
Muy caro pagó Genoveva Roger Lozoya, de 21 años, haber donado su tiempo como voluntaria a la Cruz Roja en Culiacán. Este 28 de febrero un grupo de sicarios ingresó a las instalaciones donde colaboraba como radiooperadora en persecución de Adán Zazueta Samaniego. A ella la mataron, mientras que el perseguido quedó herido, pero con vida.
Estas muertes de inocentes conmocionan con cada vez mayor frecuencia a nuestro país. Los mexicanos se sienten indefensos ante una delincuencia que ya no respeta ni las instalaciones de la Cruz Roja. Por eso los estudios de opinión nos señalan que la inseguridad es el problema que más preocupa a los mexicanos, mientras que el otro gran tema de inquietud es el económico. Si bien ya empezamos a dejar atrás la crisis de 2009, el nivel de desempleo se mantiene elevado y los sueldos deprimidos hacen que incluso quienes tienen trabajo sufran para cubrir sus gastos.
Mientras estas preocupaciones dominan la atención de los mexicanos, el Gobierno está dedicando sus esfuerzos a una reforma política que a pocos interesa. Una encuesta de María de las Heras en Milenio señala que el 90 por ciento de la gente entiende poco o nada de la reforma política.
El desinterés es lógico. México ha sufrido ya siete reformas políticas desde 1977. Las primeras seis, hasta 1996, democratizaron de manera gradual la vida de nuestro país, al grado de que permitieron que el partido hegemónico, el PRI, perdiera primero la mayoría absoluta del Congreso, en 1997, y después la Presidencia de la República, en 2000.
La reforma de 2007 fue un paso hacia atrás; pero la verdad es que ni las buenas reformas ni la mala se reflejaron en un mejor nivel de vida de la población, por lo que han dejado de interesarle a la gente común y corriente.
Las reformas políticas tuvieron beneficios, pero también costos. Entre los beneficios destaca el que se haya logrado por primera vez en la historia de México una alternancia pacífica de partidos y políticos en el poder. Entre los costos está el debilitamiento del Poder Ejecutivo, lo cual ha hecho que desde 1997 se hayan detenido las reformas económicas de fondo. Las que se han aprobado han sido insuficientes para impulsar una mejoría en la competitividad y, por lo tanto, en la situación del país.
No niego que la reforma política que ha propuesto el presidente Calderón, y que hoy cabildea el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, implique mejoras. La parte medular, me parece, es la reelección de diputados y senadores, que permitiría que éstos rindan cuentas a los ciudadanos en lugar de a los dirigentes de sus partidos. Otras medidas, como la segunda vuelta presidencial o la disminución en el número de diputados y senadores, podrán ser populares, pero parecen intrascendentes ante las demandas de un país como el nuestro, agobiado por la violencia y la pobreza. El PRI y el PRD han hecho contrapropuestas, como la ratificación de miembros del Gabinete por el Congreso o la revocación del mandato, que deblitarían todavía más a la Presidencia de la República.
La verdad, sin embargo, es que después de siete reformas polìticas, ya los mexicanos no se interesan en una nueva. Lo que realmente quieren son medidas que permitan disminuir la violencia y eviten más muertes sin sentido, como la de Genoveva. Y quieren también acciones que generen más prosperidad en nuestro país.
En su informe preliminar sobre la muerte de 49 niños en el incendio de la guardería ABC, la Suprema Corte ha señalado como responsables de una presunta violación de las garantías individuales de las víctimas a 16 funcionarios públicos, incluyendo a Juan Molinar Horcasitas, ex director general del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, y a Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora. Habrá que ver si estos señalamientos se traducen realmente en acciones en contra de estos políticos.
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