En estos Diálogos por la Seguridad el presidente Felipe Calderón se reunió con dueños y directores de medios masivos de comunicación y los convocó a ser muy cautelosos en el ejercicio de su labor informativa para no "convertirse en conductos para que las organizaciones criminales hagan llegar sus mensajes...ya que para los criminales es cada vez más necesario utilizar esa vía de difusión para transmitir su propaganda." Destacó que para el Gobierno "cada vez resulta más evidente que existe una estrategia de comunicación por parte de los grupos delictivos..."
Se tardó en detectar que existe no una, sino varias estrategias de comunicación de las organizaciones criminales, pues cada cártel tiene la suya. Todos los cárteles utilizan los ajusticiamientos, bloqueos, acciones espeluznantes, acciones terroristas, etc., para enviar mensajes a los miembros de sus propias redes que les fallan o traicionan, a las otras organizaciones criminales, a las autoridades y a la sociedad; en eso no hay diferencias.
Las diferencias empiezan en el uso de las narcomantas y los videos en Internet, que no utilizan todos los cárteles. Lo que buscan con éstos es transmitir sus mensajes directamente a transeúntes y/o cibernautas, pero fundamentalmente que los medios los reproduzcan para lograr su objetivo: impactar en la opinión pública para debilitar a sus enemigos: otros cárteles y las autoridades.
El primer dilema para los medios es que en muchos casos las narcomantas y/o los narcovideos denuncian las acciones criminales de otras organizaciones o las complicidades de las autoridades con otros cárteles. En la gran mayoría de los casos los medios no tienen acceso a información que les permita comprobar dichas afirmaciones y la disyuntiva es: de ser ciertas, no difundirlos hace el juego a los culpables; pero, de ser falsas, difundirlos es colaborar con los autores.
Lo sucedido en Torreón y el Cereso número 2 de Gómez Palacio, inclina la balanza por sí difundirlos, pues hasta hoy la difusión de un video aparentemente desenmascaró a los autores de las matanzas masivas en Torreón. Según el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, las investigaciones, que condujeron al arraigo, de la directora del Cereso, Margarita Rojas Rodríguez y varios custodios, se desarrollaron a partir del video difundido en Internet, lo que permitió identificar que las armas utilizadas en las ejecuciones pertenecían a los custodios.
Por otra parte, hay organizaciones que dirigen sus agresiones, intimidaciones y amenazas en contra de los periodistas y/o los medios de comunicación para condicionarlos a que difundan sólo lo que ellos desean que se difunda.
Tamaulipas es el ejemplo más notable de esta estrategia. Es muy revelador el informe que emitió la Relatoría Especial para la Libertad de Prensa de la CIDH, el 15 de marzo pasado, en el que expresó su preocupación por la escalada de violencia contra la prensa en Reynosa, Tamaulipas, tras el secuestro de ocho periodistas, de los cuales cinco estaban desaparecidos, dos fueron liberados y uno falleció. Un párrafo dibuja lo que allí sucede: "Fuentes consultadas por la Relatoría Especial señalaron que las actuaciones de los grupos de narcotráfico en la zona y la omisión de las autoridades locales en la prevención de los crímenes contra los periodistas y en el impulso a las investigaciones y sanciones posteriores, han provocado un efecto de silenciamiento tal que los medios de comunicación del Estado de Tamaulipas no se atreven a publicar investigaciones o denuncias sobre crimen organizado o corrupción. A este respecto, resulta preocupante que los graves crímenes mencionados se hubieran dado a conocer días después de ocurridos por diarios extranjeros y organizaciones no gubernamentales y no por la prensa y las autoridades locales."
El silencio de los medios tamaulipecos opera en contra de lo que señala Calderón, pues ante la certeza de que Tamaulipas es azotada por una ola de violencia, la ciudadanía crea sus propias historias y su imaginación puede magnificar o minimizar la realidad, pero lo que sí es un hecho es que viven aterrorizados.
Para los medios surge otro dilema: difundir o no difundir los hechos, incluyendo el secuestro de sus periodistas, que en algunos casos conduce a actuar bajo presión de los secuestradores, como sucedió con los tres periodistas secuestrados en La Laguna. De acuerdo a los resultados es preferible difundirlos, pues estos comunicadores fueron liberados, mientras que periodistas tamaulipecos permanecen desaparecidos.
Y cómo proceder con los materiales que los secuestradores piden difundir; es un hecho que la decisión no debe tomarse en función de dicha presión, pero no debe influir ni su difusión ni su no difusión, donde lo único que debe primar es el valor noticioso de los materiales en sí mismos.
Calderón también solicitó a los comunicadores, entre otras cosas: "Que discutan, analicen y, en su caso, adopten códigos éticos y protocolos de manejo de información sobre seguridad" y que "con apego a sus esquemas de autorregulación, los medios promuevan contenidos que eviten hacer apología del delito."
Ambos son deseables, pero con dos características fundamentales: uno, todos los esquemas de autorregulación, entre ellos los códigos de ética y los protocolos, son particulares de cada medio y no comunes para todos, eso es lo que garantiza la existencia de una pluralidad de medios de información en una sociedad democrática; y dos, estos documentos son cartas de navegación, que tienen que aplicarse sobre la marcha y, por ello, no pueden convertirse en camisas de fuerza ni normas inviolables, sino en guías que deben emplearse de acuerdo a las circunstancias y pueden modificarse conforme a los tiempos, el lugar y el contexto. También es deseable que medios y periodistas unan sus fuerzas para protegerse y exigir, al Gobierno, plenas garantías para el ejercicio de la libertad de expresión.
