"Juzga a las personas por sus preguntas en vez de por sus respuestas".
Voltaire
Yo no sé si el presidente Calderón va a obtener algún resultado concreto de las reuniones del Diálogo por la Seguridad que han dominado su agenda en las últimas semanas. Pero me parece insensato cuestionar a los tribunales por no obsequiar más autos de formal prisión o sentencias de culpabilidad a los procesados.
Este miércoles 11 de agosto el presidente Calderón cuestionó a los jueces, magistrados y ministros reunidos en el Campo Marte. El mandatario preguntó por qué hay un menor número de condenados que de detenidos, con lo cual parecía sugerir que la razón era algún tipo de corrupción.
La verdad es que la respuesta parece ser otra. En muchos de los casos que se están presentando ante los tribunales las pruebas contra los acusados son débiles o virtualmente inexistentes.
Recordemos simplemente el "michoacanazo" de mayo de 2009. Treinta y cinco funcionarios o ex funcionarios públicos de Michoacán fueron detenidos y acusados de complicidad con el narcotráfico. Los presuntos responsables fueron llevados a cárceles de alta seguridad en otros estados. A pesar de la presión contra los jueces, 20 de los detenidos han sido ya liberados por falta de pruebas.
No debe sorprender que eso haya ocurrido. El "Usted disculpe" es un hecho muy frecuente en nuestro sistema de justicia. Muchas de las acusaciones se basan en testimonios ofrecidos por testigos pagados o beneficiados por las autoridades. Los procesados sólo quedan en libertad después de varios años cuando se demuestra que los testimonios eran inverosímiles o cuando se encuentran otros indicios o pruebas que demuestran la inocencia de los acusados.
Los testigos que utilizan las autoridades no son "protegidos" en el sentido de que sean personas que hay que proteger del crimen organizado. Son pagados o beneficiados porque testifican lo que los procuradores quieren oír a cambio de dinero o de beneficios especiales.
Mientras ésta es la manera en que se combate al "crimen organizado", con el resultado de que muchas personas inocentes pierden su libertad durante años, los familiares de las víctimas tienen que realizar sus propias investigaciones para castigar otros delitos. Los casos de Isabel Miranda de Wallace o de Eduardo Gallo no son una excepción. Si ellos no hubiesen llevado a cabo su propio trabajo policial, los responsables del secuestro y muerte de sus hijos nunca hubieran sido siquiera molestados por las autoridades.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia, respondió este miércoles a los cuestionamientos del presidente Calderón que el 85 por ciento de los casos consignados por los ministerios públicos llevan a condenas por parte de los jueces. Apuntó también que la Judicatura Federal, que depende de la Suprema Corte, investiga todas las denuncias que se presentan en contra de presuntos actos de corrupción.
No dudo, por supuesto, que haya casos de corrupción entre los jueces de nuestro país. Sería iluso pensar lo contrario, sobre todo si consideramos los niveles de corrupción que se manifiestan en otras instituciones de seguridad y justicia, como las procuradurías y ministerios públicos.
Pero lejos de preocuparme por el hecho de que "sólo" el 85 por ciento de los consignados sean condenados, siento cuando menos un grado de seguridad al saber que los jueces están tratando de mantener su imparcialidad y se niegan a aceptar simplemente las instrucciones de las procuradurías para condenar a todos los consignados.
Son las ventajas de ser burócrata. Muchas de las empresas privadas en el país están despidiendo personal y están dando pocos aumentos salariales. Los burócratas federales, sin embargo, recibirán este 15 de septiembre un incremento de 4.9 por ciento en sus ingresos retroactivo al 1ro de enero. Con razón dicen que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Ahora ya entendemos por qué el Gobierno subió los impuestos este año.
