En la actualidad la tecnología moderna permite que se puedan intervenir legal o ilegalmente las conversaciones telefónicas de particulares, a cuyo recurso con frecuencia acuden las oficinas que tienen acceso a sofisticados aparatos tratando y logrando saber lo que por otras fuentes requeriría tiempo y dinero. Así se supo lo que Raúl, estando preso, le dijo a su hermana Adriana; también trascendió la conversación que sostuvieron el gobernador de Puebla y el Rey de la mezclilla, e igualmente lo que Fidel Herrera les predicaba a sus operadores políticos en recientes elecciones y así mismo lo que Vicente le dijo al isleño Fidel sobre la visita de Bush. No obstante que si bien se difundió la noticia para el conocimiento popular, en las esferas legales al calificarlas de intrusión en líneas telefónicas particulares sin autorización judicial, los tribunales les negaron plena validez procesal.
En ese tenor, la semana pasada se dio a conocer una grabación en que presuntamente el perredista Julio César Godoy Toscano se comunica con Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta" dirigente de un cártel del crimen organizado. "Primeramente le deseo que gane ... Usted ganará, compa', primeramente Dios". Bastó se diera conocer en los periódicos, sin más ni más, para que encima del ahora flamante diputado federal, cayeran rayos truenos y centellas que lo han hecho enmudecer y temblar de miedo pensando que pronto podría despachar en una sórdida crujía, previa privación de su credencial que lo acredita como diputado. Aún se recuerda su reciente hazaña al atravesar el pasadizo secreto que lleva de una casa aledaña al edificio de la cámara, evitando se le detuviera ipso facto cuando se arrimó a protestar como diputado federal, consiguiendo un triunfo pírrico, porque de nada le valdrá ahora, al haberse revelado sus nexos con gentes que supuesta o ciertamente, militan en organizaciones criminales.
Vamos a suponer que todo es verdad, que es un pájaro de cuenta. Tenía relaciones que implicaban su participación en asuntos de índole criminal, con todo ese menaje de miseria moral que anticipaba a qué intereses serviría una vez sentado en su curul. La prueba que demuestra, en una primera instancia, su relación con el narcotráfico, no tiene valor en un expediente judicial y sin embargo es suficiente para establecer en el ánimo popular que hay estrechas ligas con personas que ensucian su trayectoria política, que, de saberse, otro hubiera sido el resultado electoral. Cabe creer que en este contexto, por lo que se refiere a los ediles redimidos que sí tenían cola qué pisarles, sin embargo, una argucia legaloide los salvó.
En otro orden de cosas es visible el cariz político que adquiere la publicación pues todo indica pudo ser sacada a la luz pública cuando Julio César era apenas un candidato a legislador y desde ese tiempo se sabía de su llamada a "La Tuta". Si la Procuraduría se abstuvo de hacerlo de inmediato, no estará muy equivocado quien piense que se pretende que la mancha en su currículum vitae involucre al partido que lo postuló.
Es factible que quienes dentro de los edificios consistoriales fueron detenidos y posteriormente exonerados por falta de pruebas suficientes, tenían pájaros en los alambres de sus aparatos telefónicos cuyas conversaciones provocaron sus detenciones, pero que dado su nulo valor probatorio en un proceso judicial, se desecharon o no se acompañaron a la petición que hicieron las autoridades para que se libraran las órdenes de detención, como en efecto ocurrió, liberándolos poco después. Eso parece que aconteció, por lo que echarles la culpa del fracaso a los jueces sin duda que es injusto.
En fin, si no hay testigos protegidos que delaten las andanzas de sus secuaces o se intervienen clandestinamente las líneas, se carece de una labor de investigación que dé solidez a las averiguaciones previas. Lo que habla de la dificultad de recabar pruebas, pero así mismo de la falta de pericia, en las autoridades encargadas de procurar justicia, para hacerse de diferentes probanzas que no sean rechazadas por los jueces. Para eso hay que hacer trabajo de campo y tener conocimientos sobre cómo se arma un proceso penal.
