Sin empacho alguno, el alcalde de Torreón, Eduardo Olmos Castro, en su "informe" de los primeros 100 días de administración, destacó como lo "más valioso" el apoyo que ha recibido del gobernador del Estado, Humberto Moreira Valdés, a quien, dicho sea de paso, no sólo le debe la ayuda de estos primeros meses de administración, sino, sobre todo, el haber llegado a ser la cabeza del Ayuntamiento de la segunda ciudad más importante de Coahuila.
Dicha declaración viene a confirmar lo que mucha gente cree y opina: que el palacio gris de Matamoros y Galeana se ha convertido en una oficina local del Ejecutivo Estatal, en donde no se toman decisiones, sino que únicamente se acatan las directrices emanadas de la capital de la entidad. Prácticamente todas las obras de remozamiento realizadas hasta ahora han corrido por cuenta del Gobierno Estatal.
Pero Coahuila no es sólo Torreón y La Laguna. Como era de esperarse, el impulso inicial dado por el gobernador al llamado "rescate" de Torreón -más en el sentido de marcar una diferencia con la administración municipal anterior que con el afán de sentar las bases de un proyecto de gobierno- ha ido bajando. Quien ocupa el palacio rosa de Saltillo no puede mantener todas sus baterías apuntando a Torreón de forma permanente ya que otras regiones del estado demandan su atención, la cual, por cierto, de vez en vez dirige a la capital de la República para no quedarse atrás en la carrera por la candidatura del PRI con miras a 2012.
De tal forma que, poco a poco, el gobierno de Eduardo Olmos ha tenido que dar sus primeros pasos sin brazos que lo soporten, sobre todo en aquellas áreas en las que el autoproclamado "Gobierno de la Gente" no le interesa o no alcanza a llegar. Y ese incipiente andar no ha estado exento de tropiezos, los cuales, por su gravedad y frecuencia, dan visos nada halagüeños de lo que le espera a la ciudadanía en este naciente cuatrienio.
Uno de los puntos débiles más notorios de lo que va de la administración del empresario político torreonense es su cuestionado y cuestionable gabinete. En poco tiempo hemos sido testigos de pifias de varios funcionarios municipales. Los problemas laborales en el DIF generados por el director del sistema, Carlos Caballero; la impresión de recibos del Simas en la empresa del tesorero Pablo Chávez, y el intento de "ley mordaza" del secretario del Ayuntamiento, Miguel Mery, son ejemplos sonados.
Más recientemente se dio a conocer que el director municipal de Pensiones, Mario Domínguez, se había duplicado el sueldo, cosa que contravenía las supuestas políticas de austeridad aplicadas por el gobierno de Olmos Castro. El alcalde se deslindó de esta situación e informó que el titular sería castigado con las "sanciones que amerite". Se anunció también que serían auditadas las finanzas de la dirección. Al final, el Consejo del Fondo Municipal de Pensiones acordó que Domínguez devolviera el dinero excedente.
El munícipe también se mostró sorprendido por el beneficio que desde hace años otorga el Simas a sus empleados, a saber: el subsidio del consumo de agua potable con un tope de hasta 50 metros cúbicos al mes. La ignorancia manifestada por Eduardo Olmos acerca del asunto no deja de causar extrañeza, toda vez que el organismo operador se encuentra inmerso en una crisis financiera por la escasa recaudación. Más allá de que la prestación laboral represente un porcentaje significativo del total de los pasivos del Simas, lo importante aquí radica en la cuestión moral, ¿cómo se le puede exigir al usuario que pague por su consumo, cuando a los trabajadores de la empresa descentralizada se les regala más del doble del agua necesaria para el uso doméstico? Y de esta situación, el gerente general del Simas, Jesús Campos, debió haber informado al presidente municipal, quien luego de enterarse por el periódico, declaró que propondría al Consejo de Simas la eliminación del beneficio.
Un escándalo más en el Simas se desató cuando se dio a conocer que su director comercial, Ricardo Hernández, fue denunciado hace cuatro años por la propia empresa acusado de presunta manipulación del padrón de usuarios para cancelar adeudos. Hasta ahora, nadie ha dado una explicación sobre esta evidente anomalía.
Otro caso que evidencia la falta de control que existe en el gabinete municipal, es el del director de Obras Públicas, Arturo Lozano, quien hace unos días se fue "por la libre" y anunció que el Ayuntamiento proyectaba construir un paso a desnivel en el cruce de Juárez y Diagonal Reforma, además de dos cruceros inteligentes al oriente de la ciudad. Al respecto, el alcalde contradijo a su subordinado arguyendo que su administración tiene "otras prioridades" en materia de obra pública para este año.
A pesar de los errores señalados arriba, el edil Eduardo Olmos mete las manos al fuego por todos sus colaboradores, de quienes, dice, "ya han superado la curva de aprendizaje" por lo que continuarán en sus cargos. Cabe recordar que a unos días de haber iniciado el gobierno municipal se dio a conocer que todos los funcionarios estarían a prueba durante tres meses y que, incluso, habían firmado contratos con vigencia de dicho plazo. Y según el alcalde, una vez concluido el tiempo previsto, todos merecen seguir en su administración.
Por si fuera poco, contrario a lo que el munícipe prometió, el gasto de nómina continúa incrementándose y la ciudadanía aún no percibe los primeros resultados en materia de seguridad pública. Si bien era imposible que Eduardo Olmos resolviera los problemas de la ciudad en el primer trimestre de su administración, por lo menos debió haber dado muestras de poder rascarse con sus propias uñas, lo cual, como hemos visto, está en duda que sepa hacerlo.
