La muerte de diecinueve personas asesinadas en un centro de rehabilitación para drogadictos en la ciudad de Chihuahua, es un episodio macabro novedoso en la guerra emprendida por la delincuencia organizada en contra del Estado y la Sociedad de nuestro país.
De acuerdo a la información difundida, un comando de sicarios habría penetrado en el albergue en busca de miembros de una pandilla adversa y una vez localizados, procedió a fusilarlos junto al resto de los internos que se hallaban en el lugar en plan de rehabilitación y que sin tener parte en el conflicto, fueron masacrados sin distingo alguno.
En el caso en comento la institución referida se encuentra a cargo de una comunidad de inspiración cristiana, cuyos miembros realizan esa labor movidos por el amor solidario al prójimo con independencia de que reciban o no apoyo del sector oficial, movidos por una fe religiosa. Quienes operan el centro de rehabilitación lo hacen como efecto de una convicción que traspasa la barrera de las buenas intenciones y por ende, se trata de una fe viva y actuante.
Es posible que los pandilleros buscados se hubieran refugiado en el centro de rehabilitación a sabiendas del riesgo que tal cosa planteaba al resto de los ocupantes del albergue y que hayan entrado con la intención de utilizar a los demás internos como escudos humanos. En tal caso, los ejecutores habrían asesinado a todos los ocupantes para dar un escarmiento genérico a todo miembro de la sociedad que se apiade de sus semejantes, en términos que no sean del parecer de uno u otro de los bandos contendientes.
Sin embargo, las personas que operan el centro de rehabilitación de múltiple referencia insisten en que continuarán con su labor pese a los peligros que ello implique, puesto que cerrar el albergue redundaría en una cancelación definitiva de toda esperanza para quienes viven bajo el flagelo del vicio y luchan por librarse de él con la ayuda de quienes con la sola mira puesta en el auxilio a su prójimo, no prejuzgan respecto de los nexos que puedan tener las víctimas con las bandas del crimen organizado en pugna.
Otra muestra de descomposición social que implica la situación actual, se refiere a muchos adolecentes casi niños que participan en este proceso, y que una vez enviciados en el consumo de estupefacientes son manipulados por traficantes adultos como distribuidores de la mortal mercancía.
Cuando son capturados por las autoridades, los menores en cuestión en lugar de ser procesados son puestos en libertad en virtud de una disposición legal que impide inculparlos como delincuentes dada su menor edad.
Se entiende que los menores no deban ser procesados como adultos, pero no es lógico que simplemente se les regrese a las calles a volver a sus andanzas, en lugar de sujetarlos a un procedimiento de protección en virtud de su condición de infractores, o por el simple hecho de encontrarse en situación de peligro extremo.
El sacrificio implicado en el caso de la ejecución perpetrada en el centro de rehabilitación de Chihuahua, así como en otros casos de heroísmo a que ha dado lugar la horrenda dinámica de confrontación que aqueja a los mexicanos, es una muestra de solidaridad que indica que nuestra sociedad contiene reservas que permiten conservar la esperanza en un futuro mejor en un marco de paz social que por desgracia hemos perdido.
En cambio, el abandono de los menores de edad que son presa de la operación de narcotráfico sin que nuestras autoridades hagan algo al respecto para protegerlos, es una sombra que es preciso iluminar con urgencia.
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