Sin duda que la cosa pública local se está poniendo estupenda para la satisfacción de morbo. Por razones de su participación en la política, dos personajes pertenecientes a las clases más favorecidas de la sociedad lagunera están enfrentados ya a nivel judicial.
Por un lado, la primera síndica priista, Doña Lucrecia Martínez Damm, y por la otra parte el regidor Marcelo Torres Cofiño.
La reyerta inició al darse a conocer que el ganador de la licitación pública para la concesión del estacionamiento público que se construye en lo que será la nueva presidencia municipal de Torreón - si esa en la que las autoridades estatales y municipales pagaron precios estratosféricos por terrenos para llevar a cabo el proyecto- , es la empresa constructora Camsa, de la que son propietarios algunos hermanos de la señora síndica.
Al conocerse el hecho, la oposición en el Ayuntamiento de Torreón, para el caso el PAN, a través de sus regidores rápidamente señalaron lo que para ellos es una irregularidad, que familiares de un miembro del propio cabildo, se estaban viendo beneficiados por haberse hecho del derecho de construir y explotar comercialmente el aparcamiento que estará en el complejo que se ha de llamar la Gran Plaza.
En el acaloramiento natural que sucede en esa arena tan particular como lo es la política, donde se pueden decir muchos infundios sin grandes consecuencias, se dieron las declaraciones del regidor albiazul Torres Cofiño en contra de la primera síndica, y sugirió incluso que ella había incurrido en la comisión de delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Ha de suponerse, que ese dicho donde se señala que presuntamente se incurrió en esos tipos penales, serían porque de manera dolosa, se filtró información para que se favoreciera a la empresa Camsa, donde Martínez Damm tiene filias carnales, y que la señora había participado en esos actos.
Estas acusaciones hicieron enfurecer a la señora Lucrecia, solicitándole a Marcelo una disculpa pública, misma que fue rechazada por el panista. A esto, la síndica de mayoría decidió interponer una demanda civil por daño moral, tasando el mismo en seis millones de pesos, que es lo que desde la perspectiva de la señora priista es lo que le ha menoscabado en su prestigio los dichos del regidor opositor.
Ante ello, la respuesta del panismo a la demanda es calificarla como un acto de intimidación que a su parecer es para tratar de desviar la atención del público al hecho de todo lo que ha girado con la construcción de la Gran Plaza, y que con ello Martínez Damm pretende crear cortinas de humo.
De todos estos sucesos: la acusación sin elementos sólidos para demostrarlo de la comisión de tan graves delitos y la presentación de demanda civil contra un funcionario público de representación popular sería un capítulo más en la interminable saga de vituperios sin fundamentos lanzados entre políticos, pero en esta ocasión los personajes hacen que necesariamente el asunto tome otro cariz.
Por el lado de la primera síndica, ha de decirse en primer término que se trata de una dama, como muchas otras que deba haber en el Ayuntamiento, y que eso debe presuponer que la señora no caería tan fácil en acciones tan viles como la ejecución de los delitos que le fueron imputados. Además, más allá de inquietudes políticas, la señora Lucrecia por años ha contribuido de forma contundente a la propalación cultural de la Comarca Lagunera, así que más allá de su rol en la cosa pública, la señora debe ser reconocida por la labor que ya ha hecho en el ámbito cultural para el beneficio colectivo.
Pero quien se las imputó, tampoco se trata de un político común y corriente. Marcelo Torres Cofiño ha sido un abogado postulante exitoso, y cuenta en su haber un reconocimiento a su profesionalismo en el desempeño de sus funciones como tal. En su currículo está también el haber sido presidente de un club social y deportivo importante en Torreón, y bajo su presidencia, este sitio tomó otra fisonomía gracias en parte a la capacidad de Torres para llevarlo a cabo, que valga decirse, no era cosa sencilla en lo absoluto; que hoy esté metido a político no lo hace más que ampliar su panorama de vida conociendo de esas actividades.
Por todo ello causa pena este verdadero sainete, por las personalidades que están implicadas y que al parecer la política también a ellos los ha llevado a los excesos. Por un lado la señora Martínez debe saber, que al haber tomado la decisión de involucrarse en la política, será blanco de infamias y calumnias, por decir lo menos, así que su acto judicial difícilmente procederá, ya que el hecho se dio bajo las circunstancias de su desempeño como políticos, y a ello la señora deberá someterse, por más distinguida -como lo es- que ella sea. Y por el otro lado está Marcelo Torres, quien de probada capacidad y criterio, para esta ocasión se ha ido de la boca atacando a una persona de conocido prestigio sin elementos contundentes para hacerlo, por lo que habría que recriminarle que él se preste a esas prácticas bajunas propias de los escenarios de politiquería de lo que estamos hasta la coronilla en todo el país.
En lugar los dos de compartirle a su cabildo sus habilidades y conocimientos para que este grupo colegiado que gobierna Torreón, eleve su nivel, ellos han sido los que cayeron en tan penosas prácticas, ojalá y recompusieran sus actuaciones públicas para beneficio de los ciudadanos todos.
