El envío por parte del presidente Felipe Calderón al Congreso, de una iniciativa de ley que crea un mando policiaco por cada estado de la República en coordinación con el Gobierno Federal, implica un nuevo esfuerzo por enfrentar al crimen organizado en nuestro país.
Ante las voces que pronostican el fracaso de la propuesta, sólo cabe responder que su éxito depende de que las diversas fuerzas políticas del escenario nacional, logren un acuerdo de gobernabilidad, en el que antepongan el bien común de los mexicanos en general, a los intereses particulares de los diversos grupos políticos. En otras palabras, ninguna medida será suficiente para restaurar la paz social, mientras haya partidos y facciones que se valen de la inestabilidad para lograr posiciones y apuesten al fracaso del oponente a cualquier costo.
La iniciativa tiene precedentes que parten del homicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial ultimado en plena campaña el año de 1994, como resultado de un crimen percibido como un desafío de factores reales de poder en contra del Estado.
Ya electo presidente Ernesto Zedillo, inició una estrategia que creó la Secretaria de Seguridad Pública con miras a dos grandes propósitos: La fundación de la Policía Federal Preventiva y la coordinación de todas las policías del país a partir de la unificación de los sistemas, en materia de reclutamiento, capacitación, archivos, desempeño operativo y evaluación. Para lograr el propósito referido, el flujo de recursos públicos destinados a la modernización de los cuerpos policiacos en Estados y Municipios, se condicionó a la sujeción al programa y al cumplimiento de metas determinadas.
El proyecto zedillista nació muerto, porque con el argumento de que atentaba contra la autonomía de Estados y Municipios, los Gobernadores de los Estados han sido omisos de contribuir al esfuerzo requerido, y se han dedicado a construir y ejercer un poder regional autoritario, sin importarles el descuido del área de seguridad, que se refleja en el subejercicio presupuestal. Esta tendencia a la dispersión se agravó con la alternancia en el nivel federal lograda en el año 2000, porque los gobernadores de los estados priistas se atrincheraron en sus respectivos estados, a los que han convertido en verdaderos feudos enfrentados en forma sistemática al Gobierno Federal.
En solitario y sin un control de calidad sostenido, en la generalidad de los casos ni gobernadores ni presidentes municipales han sido capaces de mantener el control de sus respectivas policías, las cuales se convirtieron en nido de delincuentes y herramienta de grupos criminales y de allí en adelante, hemos vivido el deterioro de esa importante función en detrimento de la seguridad pública.
Como botón de muestra de lo antes dicho, está el escandaloso enfrentamiento ocurrido el lunes pasado entre agentes de la Policía Municipal de Torreón con otros de la Policía Ministerial y de la Preventiva del Estado de Coahuila, que corresponden a niveles de gobierno que por afinidad y hasta en virtud de un estilo particular de sumisión facciosa, se esperaría que trabajaran coordinados.
Es cierto que el esquema propuesto por el Gobierno Federal restringe las funciones y competencias que según la legislación vigente corresponden a los niveles locales de gobierno, por lo que ante una realidad que nos rebasa, hacen falta reformas al marco jurídico ordinario y constitucional, que permitan una mayor coordinación solidaria a partir de la concentración del mando policiaco, para enfrentar la nueva circunstancia en comento.
Lo anterior implica una adecuación necesaria. El sistema Federal busca resolver con los propios medios de cada comunidad, municipal, regional, y nacional, los problemas colectivos que existen en cada uno de tales ámbitos, bajo criterios de eficiencia y autonomía, lo cual sólo es posible en la medida en que la comunidad concreta de que se trate disponga de tales medios en su propio seno y cuente con capacidad para emplearlos.
El federalismo no es un dogma sino un instrumento flexible basado en al acuerdo político porque al fin y al cabo, la democracia es un régimen de equilibrios. Si en un caso como el que vive nuestro país, una disfunción de la autonomía redunda en falta de coordinación policiaca y riñe con la eficiencia en materia de seguridad, es lógico impulsar soluciones en las que los tres órdenes de gobierno, cierren filas en términos de operación y mando.
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