La iniciativa que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, envió al Senado la semana pasada sobre la creación de mandos únicos policiales en las 32 entidades federativas, parte de un hecho incuestionable: las policías municipales han sido rebasadas por la delincuencia. No obstante, dicha propuesta, que es la más ambiciosa que el Gobierno Federal ha hecho en lo que a seguridad se refiere, abre un camino de dudas y cuestionamientos, tanto en sus argumentos y planteamientos, como en su ejecución y posible efectividad, esto último sobre todo en regiones del país, como la Comarca Lagunera, que para efectos político-administrativos se encuentran divididas y en donde la falta de coordinación y la ineficiencia de las autoridades estatales han sido las constantes.
Los tres principales argumentos de Calderón para crear el mando policial único son: primero, que el 90 por ciento de los municipios del país cuenta con menos de 100 agentes de seguridad pública, lo cual resulta insuficiente para enfrentar el creciente fenómeno de la criminalidad; segundo, que los salarios del 61 por ciento de los policías locales son inferiores a 4 mil pesos, situación que los hace vulnerables al poder corruptor de los grupos delictivos, y tercero, que las corporaciones municipales no cuentan con criterios adecuados y uniformes para el reclutamiento de su personal y para la aplicación de medidas de combate al delito.
Si bien cada uno de los argumentos parte de una base de verdad, no queda claro cómo la concentración de las decisiones en materia de seguridad en las figuras de los gobernadores puede subsanar las deficiencias citadas.
En el primer punto, que se refiere a la disponibilidad de recursos humanos, las administraciones estatales serían las encargadas de decidir el número de agentes que debe haber en un municipio, número que, según la iniciativa presidencial, tendría que ser mayor al actual, por lo que sería necesaria la contratación de más personal operativo. Aquí surgen varias preguntas: ¿de dónde saldría esa gente? ¿Quién la capacitaría y en dónde? ¿Cómo se obtendría el dinero para llevar a cabo tal contratación? Y, sobre todo, ¿de qué forma se garantizaría que los criterios usados en las capitales de las entidades para ubicar a los agentes en uno u otro lugar, respondieran en verdad a las necesidades de cada municipio, sobre todo en territorios tan extensos y diversos como los de, por ejemplo, Coahuila y Durango, y que dichos criterios no estuvieran basados en intereses partidistas y/o personales?
En lo que respecta a los salarios de los policías, el primer mandatario parte de la sesgada premisa de que entre más dinero se le pague a un agente por su trabajo, menos susceptible será a corromperse, lo cual no es del todo cierto. Para comprobarlo, basta revisar los casos de funcionarios de alto nivel (gobernadores, jefes policiacos, procuradores y directores de penales) que, pese a contar con ingentes remuneraciones, han sido acusados de cohecho. Es cierto que un buen ingreso contribuye a mejorar el desempeño de quien lo recibe, pero por sí solo no elimina la vulnerabilidad frente a las "ofertas" de los grupos criminales, los cuales poseen los recursos suficientes para "comprar" a quien se deje. El problema es de una complejidad mayor y tiene que ver más con la formación ética de los elementos de seguridad que con el sueldo que perciben.
Con relación a la disparidad de capacidades y la disimilitud de criterios entre corporaciones de distintos municipios, la propuesta de Felipe Calderón sugiere que con la sujeción de las policías locales bajo el mando de los gobiernos de las entidades federativas se superarían dichos escollos. Sin embargo, hasta el momento, las corporaciones estatales no han mostrado más destreza a la hora de combatir a la delincuencia que los cuerpos de seguridad municipales. Prueba de ello son los crecientes índices delictivos que se han venido registrando en los últimos tres años en Coahuila y Durango y el altísimo nivel de impunidad que prevalece.
Por otra parte, queda la duda respecto a la probidad de los organismos policiacos estatales, los cuales, con su deficiente labor, han sido incapaces de ganarse la confianza de la ciudadanía. Quizás antes de dar más poder a los gobernadores, habría que analizar a conciencia la parte de responsabilidad que tienen en el agravamiento de la inseguridad en sus estados, a la par de revisar qué tanto han hecho por depurar sus instituciones para extirpar a los malos elementos y para mejorar sus mecanismos de prevención del delito e impartición de justicia. Además, la concentración de las funciones policiales en los gobernadores podría redundar en el afianzamiento de los cacicazgos estatales, como el que la familia Moreira ejerce en Coahuila.
Por último, en el caso particular de la zona metropolitana de la Comarca Lagunera, que tan relegada se ha visto de las políticas dictadas en las capitales de los dos estados que la dividen, no se explica aún de qué forma se alcanzaría la coordinación necesaria entre Saltillo y Durango para establecer las estrategias adecuadas en la lucha contra el crimen, en una región cuya dinámica social y económica se encuentra tan cohesionada, más allá de los límites político-administrativos.
Como puede verse, muchas dudas hay todavía en torno a la iniciativa del Ejecutivo Federal para crear los mandos únicos policiales, y en la medida en que dichas dudas sean aclaradas, podrá augurarse el éxito o fracaso de la propuesta que con urgencia el presidente Felipe Calderón quiere llevar a cabo y que plantea como solución a los grandes vacíos que tiene hoy su guerra contra la delincuencia.
