Tras diez días de aplicación parcial la Ley SB 1070 en el estado de Arizona, el Gobierno de México no ha registrado aún casos de violaciones de derechos humanos de connacionales o abusos cometidos en su contra, sin embargo, se mantiene alerta con un equipo de más de 20 asesores legales desplegados en Arizona, ante posibles incidentes, ya que en esa entidad "persiste un ambiente adverso contra los migrantes".
Julián Ventura, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que a pesar que las secciones más críticas de la Ley fueron suspendidas temporalmente por la juez de la Corte de Distrito, Susan R. Bolton, "hay un ambiente de preocupación" entre la comunidad migrante ante los efectos de la norma.
Aunque el 28 de julio la juez estadounidense emitió el fallo que impide que la Policía de Arizona investigue la condición migratoria de una persona al ser detenida; aprehender sin orden de arresto a un individuo bajo sospecha de ser indocumentado o requerir que porte documentación que lo identifique como inmigrante, algunas disposiciones de la SB 1070 son vigentes, como criminalizar la búsqueda de trabajo por parte de jornaleros.
Por ello, el programa de prevención que México activó para atender los posibles casos de violaciones a las garantías de los connacionales o de abusos, se ha reforzado para asistir a quienes pudieran ser víctimas de esta política.
Ventura detalló que se fortaleció la Red de Abogados del Programa de Asistencia Jurídica a Través de Asesorías Legales, así como la Red de Abogados Consultores, por lo que se ha desplegado un equipo de 24 expertos jurídicos en Arizona, que brindan asesoría a los mexicanos que residen en esa entidad.
La estrategia preventiva mantiene en alerta a los cinco consulados que existen en Arizona.
