Aunque desde todos los frentes Marcatel jura y perjura que está a punto de lograr la revocación de la concesión con que opera Teléfonos de México como corolario de un viejo litigio en materia de interconexión, lo cierto es que la firma es quien está de espaldas a la pared.
La empresa encabezada por Héctor Slim acaba de lograr una sentencia en segunda instancia, es decir, vía un Tribunal Colegiado de Distrito, que le abre la puerta para embargar a la firma presidida por Gustavo M. de la Garza Ortega, para cobrar "a lo chino" un adeudo de mil 700 millones de pesos que se arrastra desde hace casi cuatro años.
Y aunque Marcatel podría recurrir aún a un amparo, éste no la liberaría de la acción reivindicadora, por más que su presidente ha señalado abiertamente que si pierde el pleito iría a la quiebra... arrastrando a su acreedor.
Lo grave del caso es que, de ejercerse la acción punitiva, se podría provocar un conflicto internacional, al quedarse sin efecto las tarjetas de prepago para llamadas internacionales que vende Marcatel en los Estados Unidos, en lo que constituye el meollo de su negocio.
De hecho, en una primera acción defensiva, Teléfonos de México le está advirtiendo a los usuarios que la firma que le vendió el plástico no le ha pagado una colosal deuda, por lo que corre el riesgo de quedarse con su crédito en el limbo.
Haga de cuenta un viajero que compró un boleto de Mexicana de Aviación en la fase previa a la cancelación de los vuelos de la firma.
Naturalmente, Marcatel acusó el golpe con una demanda contra Telmex, a quien culpa, ¡válgame Dios!, de ataques a las vías generales de comunicación.
La manzana de la discordia, decíamos, es que la tarifa de interconexión que cobra la firma hegemónica, cuyo monto la contraparte lo considera excesivo, por más que en un escenario similar la pagan también empresas como Axtel y Alestra.
Lo curioso del caso es que Marcatel se ha defendido contra su rival, a quien en su momento le firmó documentos de reconocimiento de adeudos, con una resolución del juez quinto de Distrito en Materia Mercantil, a quien le presentó un listado de lo que a su juicio sería una tarifa justa de interconexión, apuntalada, presuntamente, en una extrapolación sobre la base de una oferta a su clientela lanzada por Telmex.
El togado le concedió una suspensión provisional no contra el gigante, sino contra la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para evitar que autorizara la desconexión del servicio que había solicitado Telmex desde hacía dos años, a contrapelo de una resolución de la Suprema Corte que señala cuatro meses como plazo máximo de respuesta de la autoridad a quien ejerce su derecho de petición consagrado en el artículo noveno de la Constitución.
Naturalmente, la instancia de supervisión y vigilancia encontró el pretexto para continuar dormida, pese a que la Ley reclama que el escenario podría darse frente a causas excepcionales.
Más claramente, de acuerdo al Título de Concesión con que opera, es causal de desconexión el no cumplir con la contraprestación reclamada.
Telmex tiene, como ocurre con cualquier usuario, mil 700 millones de ellas en la mesa.
Lo temerario del asunto es que con base a su propio cálculo para interconexión, Marcatel empezó a ofrecer ofertas para atraer nueva clientela, con precios que ninguna compañía en el mercado, léase Axtel y Alestra, podrían ofrecer, lo que provocó un escenario de depredación.
De hecho, si al final del día Telmex ganara el pleito, en efecto, la firma no tendría para pagarle con lo facturado.
Haga de cuenta que la interconexión costaba 70 centavos y Marcatel la cobró a 40.
Por lo pronto el pleito llegó al callejón, en la posibilidad de que la empresa encabezada por el magnate Carlos Slim ejerza su derecho de embargo a la contraparte.
La reacción de ésta convocará al escándalo.
BALANCE GENERAL
Aprobados los términos de los llamados "contratos incentivados" de Petróleos Mexicanos por su Consejo de Administración en la fase previa a que la Suprema Corte de Justicia se pronunciara por su legalidad, la paraestatal ya tiene listas las bases para las primeras licitaciones.
Estas se publicarán en la segunda semana de enero del próximo año, alcanzando tres campos "maduros": Santuario, Carrizo y Magallanes, todos ellos ubicados en el sureste del país.
Se estima que éstos produzcan un máximo de 60 mil barriles diarios, equivalentes al 2.5 por ciento de la producción nacional.
La intención es alcanzar a 50 campos que aportarían el 15 por ciento de la producción nacional, acumulando inversiones por 30 mil millones de dólares... en los próximos 20 ó 30 años.
Por lo pronto, ya están en la fila cuatro firmas extranjeras: Repsol, Tecpetrol, Grupo Diavaz y GCM.
TELEVISA COLEA AÚN
Aunque perdió un round, al negarle un Tribunal Colegiado del DF un recurso de suspensión frente a la resolución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que rechazó su solicitud de prórroga para explotar la concesión del canal 46 de la televisión de paga, Televisa no está aún en la lona.
Hasta hoy ningún tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, es decir si es válido el argumento de la dependencia de que presentó la solicitud de forma extemporánea.
De hecho, la propia SCT no ha resuelto un recurso de revisión planteado directamente por la afectada, es decir Cablevisión.
Por lo pronto, pues, no existe asidera alguna para colocar a subasta la concesión.
SAN JUANICO EN GUERRA
Finalmente los habitantes de San Juan Ixhuatepec, conocido coloquialmente como San Juanico, presentarán una demanda contra Petróleos Mexicanos ante la Procuraduría General de la República por su negativa a acatar una resolución presidencial que obliga a la reubicación de las gaseras instaladas en la zona.
Estamos hablando de Gasomático, Unigas, Vela Gas, Bello Gas, Gas Metropolitano y Gas y Servicios de México, propiedad de los hermanos Tomás y Enrique Zaragoza, además de Eduardo Ramírez.
La orden la dio en 1985 el ex presidente Miguel De la Madrid, en reacción a la terrible explosión de un año antes que provocó la muerte de más de 500 habitantes del poblado.
El problema se ha agudizado en los últimos meses al cercarse de construcciones el llamado polígono de seguridad, es decir un conjunto de áreas que debieran ser respetadas.
De entrada, la inmobiliaria Ángeles construye un complejo de mil departamentos, de los cuales la mitad ya están ocupados, denominado Hacienda de San José.
Más allá, se abrió en la propia zona colindante a las gaseras una gasolinera y una empresa de pinturas que maneja solventes.
Cerco de fuego, pues.
Albertobach@yahoo.com.mx
