"La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se opone a la prevención, investigación y persecución de los delitos... sino a que con motivo de ello se vulneren derechos humanos".
CNDH
El 11 de diciembre de 2009 a las 2:25 de la madrugada una residente del fraccionamiento Los Limoneros de Cuernavaca recibió una llamada telefónica de una hermana que le informó que su madre había enfermado de gravedad. La señora salió de inmediato, pero no llegaría lejos. A unos 130 metros su vehículo fue baleado por personal de la Secretaría de Marina que llevaba a cabo un operativo en busca de Arturo Beltrán Leyva.
La Armada argumentó que la mujer, fallecida a consecuencia de sus heridas, se metió en un fuego cruzado; pero la recomendación 83/2010 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 16 de diciembre lo pone en duda. Para empezar, los disparos empezaron a escucharse 30 segundos después de que la víctima (cuyo nombre protege la recomendación) salió de su casa y en el preciso instante en que llegó al lugar donde estaban los marinos. El vehículo mostraba más de 60 impactos de bala provenientes preponderantemente del lugar en que se encontraba "el personal naval que llevaba a cabo el operativo". La casa en la que se realizó la redada estaba en una privada a 173.8 metros del lugar y no hay indicios de que haya habido enfrentamientos fuera de ella.
La CNDH concluye que los comandantes "no adoptaron las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de personas ajenas al operativo, lo que originó, directa o indirectamente, la privación de la vida" de la víctima.
Quizá fue un error. Los marinos son seres humanos que corren riesgos enormes en sus operativos. Pero si hubo un error, la Armada ha asumido una vez más la posición de negar información y de no colaborar con la CNDH, lo cual sugiere encubrimiento. No es la primera vez, desafortunadamente, que la Marina actúa de esta manera y genera sospechas sobre su propia actuación.
La CNDH dice que aun cuando los comandantes debieron haber rendido "un parte donde se narraran todas las incidencias" del operativo, la Marina se negó a entregarlo a la Comisión bajo el argumento de que era un asunto de seguridad nacional. La recomendación señala, sin embargo, que la Ley nacional y la jurisprudencia internacional, como el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Rosendo Radilla, señalan que "no puede invocarse el carácter de reserva cuando se trate de violaciones graves a los derechos fundamentales". La propia Marina ha asumido la averiguación previa sobre el homicidio, pero a más de un año de distancia no ha dado a conocer ningún resultado.
El caso del homicidio de Los Limoneros no es el único en que la CNDH ha emitido una recomendación a la Armada. La 86/2010 del 21 de diciembre cuestiona la "detención arbitraria, retención legal y tortura" de dos personas en Matamoros, Tamaulipas. La Comisión recomienda, entre otras medidas, que las personas detenidas en flagrancia por la comisión de algún delito sean remitidas de inmediato a las autoridades judiciales en lugar de ser retenidas de forma ilegal por los marinos.
La Marina, lamentablemente, suele hacer caso omiso de las recomendaciones de la CNDH. Esto es cada vez más inaceptable. La institución ha asumido funciones de policía para ayudar a cumplir la Ley. Si en el proceso los marinos asesinan, secuestran o torturan se convierten en uno más de los grupos de criminales que tenemos en las calles. Ojalá que en esta ocasión la Secretaría de Marina respete la Ley y acepte las recomendaciones de la CNDH.
Tres décadas después, y a sus 85 años de edad, el general Jorge Rafael Videla, jefe de la junta militar argentina de los años setenta, ha sido condenado a cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos. Esperemos que los dirigentes militares mexicanos que de buena fe participan en la guerra contra el narco no enfrenten una situación similar en el futuro.
