La Cámara de Diputados aprobó, con 353 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones, la Ley Antisecuestro, con la que se endurecerán las sanciones a quienes cometan este delito, incluso con la cadena perpetua, además de que prevé la reparación de daño a las víctimas.
El pleno de San Lázaro aprobó ayer, a pesar de sus diferencias internas, avalar la Ley Antisecuestro tal cual la envió el Senado de la República, y en cuya redacción participaron Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, cuyos hijos fueron asesinados por secuestradores.
Los votos en contra fueron de los petistas Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas, el perredista Balfre Varga y el priista Miguel García Granados.
En sus discursos, representantes de todas las bancadas coincidieron en que la prevención y el combate al secuestro es una deuda del Estado con la sociedad, que de ahí la urgencia de establecer lineamientos y métodos que combatan este delito.
La Ley tipifica diversas modalidades tales como el secuestro exprés, el autosecuestro y la detención de personas en calidad de rehén. Además prevé penas de entre 30 y 60 años para plagiarios y establecer un fondo para la atención a víctimas También establece la imprescriptibilidad del delito y obliga al Ministerio Público a actuar de oficio.
Además la ley anula para los secuestradores algunas de las herramientas de readaptación social como la liberación anticipada, indultos o amnistía.
Se prevé que para 2011 se aplique una primera bolsa de 98 millones de pesos para la reparación material del daño a víctimas.
Isabel Miranda deWallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro y Alejandro Martí, presidente de México SOS, se dijeron congratulados por la aprobación de la nueva ley contra secuestros.
“Creo que pudimos demostrar que la ciudadanía junto a la Cámara de Diputados podemos sacar leyes que son acorde a lo que la sociedad necesita”, dijo Isabel MirandaWallace. Por su parte, Alejandro Martí destacó que dicha Ley permitirá que exista un equilibrio entre el victimario y la víctima, ya que ambos tendrán derecho a un abogado financiado por el Estado.
