Investigación. El Ministerio Público indaga posible negligencia en Hospital General. EL SIGLO DE TORREÓN
Gómez Palacio
Bajo el amparo del artículo 20 de la Constitución mexicana, el médico que entregó el cadáver de un joven baleado a sus familiares sin avisar al Ministerio Público, se reservó su derecho a declarar.
Miguel Ángel Ramos Guzmán se presentó la mañana de ayer en la Vicefiscalía zona 1 para atender el citatorio de la Unidad Especializada en delitos contra la Vida e Integridad Corporal.
A Miguel Ángel se le investiga por entregar el cadáver de Aarón López Sandate a sus familiares para que lo sepultaran sin dar aviso a las autoridades correspondientes del deceso.
El joven falleció a consecuencia de un impacto de arma de fuego que recibió en la espalda y que le dañó la columna vertebral.
Según informaron las autoridades, de acuerdo al Código Penal vigente en el estado de Durango, en el artículo 207, el personal médico de cualquier nivel de una institución sanitaria está obligado a dar aviso a las autoridades sobre el ingreso, atención y culminación del caso de un lesionado; de no ser así, se le impondrá de uno a tres años de prisión o de tres a ciento cincuenta días de salario mínimo de multa.
En cuanto al artículo 230 en su apartado tercero, todo aquel que oculte, altere, inutilice, destruya, remueva o haga desaparecer los indicios, instrumentos u otras pruebas de un delito será castigado con dos meses a tres años de prisión y hasta 150 días de salario mínimo.
Voceros de la Vicefiscalía informaron que continuará la integración de la averiguación para determinar la responsabilidad del médico.
