Una pregunta recorre México: ¿Bajo qué asideras el Banco Nacional de Comercio Exterior le otorgó a Mexicana de Aviación un préstamo de mil millones de pesos, cuando la firma estaba ya en quiebra técnica, por más que hayan quedado en prenda facturas de sus nueve aviones propios?
Más aún, ¿sobre qué bases se le había dado originalmente luz verde al aval del gobierno a la empresa aérea para emitir un bono de deuda de 250 millones de dólares antes de que la Secretaría de Hacienda vetara la posibilidad ante las críticas de que se trataba de un rescate?
De acuerdo a la clarificación de los estados financieros de la empresa que presumía hasta hace unas semanas ser líder en el mercado nacional, ésta arrastraba en junio pasado un débito de mil 130 millones de dólares, es decir 14 mil 296 millones de pesos, frente a activos de mil 617 millones de pesos, equivalentes a 128 millones de billetes verdes.
Dicho con todos los números, sólo podía pagar 11 centavos por cada peso de deuda.
Más aún, según el reporte del visitador comisionado por el Instituto de Concursos Mercantiles tras la luz verde del Juzgado XI de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal a la posibilidad de quiebra ordenada de la compañía, durante el año pasado ésta había perdido 11.8 pesos a nivel operativo por cada 100 pesos que facturó.
El panorama, sin embargo, se volvió menos apremiante en los primeros seis meses del año, al perder sólo 8.7 pesos de cada 100.
Ahora que el cuesta abajo en la rodada se inició casi a la privatización de la línea aérea, dado que en el 2007 por cada 100 pesos facturados ésta perdía 4.7.
Y aunque el avión parecía enderezarse en el 2008, cuando la pérdida alcanzó 1.3 pesos, la puntilla llegaría al año siguiente al impacto de la parálisis provocada por la puesta en escena del Gobierno Federal, magnificando la cautela frente a la epidemia de influenza A H1N1.
La paradoja del caso, es que frente al desorden contable que presentaba la firma al momento de solicitar el concurso mercantil, el propio juez está convocando a los acreedores a que ratifiquen la validez de sus facturas para reconocer su condición.
Se calcula que en la fila se formarían unas mil 300 empresas, entre proveedores, arrendadores y demás etcéteras.
Lo grave del caso es que aunque en el papel el gran acreedor es el propio Bancomext, seguido del Banco Mercantil del Norte, al que se le adeudan 900 millones de pesos, lo cierto es que el principal agujero de Mexicana de Aviación lo constituye la pérdida de su fondo laboral.
Estamos hablando de las reservas que se constituyeron durante décadas y que fueron pasando hacia uno y otro propietarios, para atender contingencias.
Digamos que la administración de la compañía, encabezada por Gastón Azcárraga Andrade, dueño del grupo hotelero Posadas, amortiguó las pérdidas con recursos que tenían etiqueta de intocables.
De ahí que el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, haya lanzado hace unos días un balde de agua helada a la esperanza de los trabajadores, al señalar que a lo mejor no reaparecía la empresa en diciembre próximo.
La razón es simple: Aún pagándole a la llamada Tenedora K los mil pesos que en el papel cubrió por las acciones de Mexicana, el grupo de inversionistas que plantea la compra no está dispuesto a erogar la colosal suma que reclamaría el despido de la mitad de sus ocho mil trabajadores, aún aceptando éstos que se les liquidara con base en lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y no en su Contrato Colectivo de Trabajo.
El escenario explica nítidamente el que la empresa haya planteado un Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en reclamo del desmantelamiento de su Contrato Colectivo de Trabajo, al que calificaba de rémora para despegar.
Ahora que volando sin alas, Mexicana de Aviación vendió boletos con tres o cuatro meses de antelación, lo que constituye un fraude más.
En el callejón, si la empresa no regresa al aire para aprovechar la temporada decembrina, la sobrevivencia se hará aún más difícil.
Crónica de un desastre anunciado.
Como lo anticipamos en este espacio, finalmente por una mayoría de 72 votos a favor y 44 en contra, el pleno del Senado aprobó plantear una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia contra la decisión unilateral del gobierno de homologar las normas para verificar la calidad de los productos electrónicos que ingresan al país procedentes de Estados Unidos.
En el terreno práctico, la medida implica soslayar la revisión por parte de la autoridad mexicana, lo que le da la puntilla al sistema nacional de Normalización y Metrificación.
Vía, libre, pues, para mercancías procedentes del país del norte, así sean fabricadas en China o alguna otra nación del Extremo Oriente.
La exposición de motivos señala que el Ejecutivo se excedió en sus funciones al desconocer olímpicamente la Ley en la materia.
Naturalmente, la bancada panista se lanzó a la defensa tenaz de la medida, llegando al extremo de acusar, ¡válgame Dios! de antipatriotas a quienes se le oponían.
RECULA IUSACELL
Acusada por Nextel de abusar de los recursos jurídicos en afán de impedir que se le otorgue a ésta y a su socio Televisa una red nacional de telefonía celular pagando una contraprestación inicial 20 tantos inferior a la real, Iusacell se defiende.
De entrada, señala que está haciendo uso de sus derechos legítimos para lograr un proceso justo y en igualdad de condiciones para todos.
En respuesta, a su vez, a la acusación del presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, de que en su tenacidad podría provocar un daño patrimonial al país, se señala que éste lo causa, en tal caso, el que se entregue una parte del espectro a precio de ganga.
El monto de la omisión es de cinco mil millones de pesos.
Ya encarrerado, Iusacell señala que no se opone a la competencia, quienes lo hacen son aquéllos que imponen reglas a modo para favorecer a unos y dejar fuera a otros.
La firma niega acciones de lucro con el espectro, señalando que acaba de poner en escena su red GSMHFPA PLUS, vía para ofrecer los servicios de banda ancha móvil más avanzados y rápidos del mundo.
Ahora que Iusacell no promovió la totalidad de los 67 juicios en oposición a las bases de la licitación 21, de los cuales sólo se ha resuelto uno... a favor de la empresa de telefonía del Grupo Salinas.
PREMIO TLACAÉLEL
Colocado en escena a partir de 1978 como uno de los reconocimientos más codiciados por los economistas del país, el premio Tlacaélel de Consultoría Económica en su edición XXIV se entregará el próximo 13 de octubre.
Instaurado por la firma Consultores Internacionales que encabeza Julio A. Millán, el certamen que estimula las mejores tesis, tesinas y trabajos para la titulación de estudiantes de la disciplina ha sido ganado, entre otros, por el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens.
A la cita, en el auditorio "Antonio Ortiz Mena" de Nacional Financiera, acuden el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, y la directora del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl Bustamante Diez.
