Colocada sub júdice la homologación dictada por el Gobierno de las normas para certificar la calidad de los productos electrónicos que ingresen al país con las de Estados Unidos y Canadá, tras aceptar la Suprema Corte una controversia constitucional planteada por el Senado, se prepara ya la segunda parte del calificado como regalote.
El paquete, vía simples "Acuerdos de Equivalencia" de las normas respectivas, incluiría ahora a cuatro ramas más: electrodomésticos, llantas, fármacos y cables.
En el terreno práctico, pues, podrán ingresar a México sin supervisión local al calce, estufas, refrigeradores, hornos de microondas, planchas, calentadores, neumáticos de todo tipo, medicinas a granel y cables de todos calibres.
El jaque, en la posibilidad de que Estados Unidos triangule productos elaborados en Asia, con énfasis en China, alcanza a firmas nacionales como Condumex, Mabe, IUSA, Acros... Naturalmente, bajo la ruta entreguista trazada desde el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, México no exige reciprocidad por atender la exigencia de la Casa Blanca para agilizar el ingreso de sus mercancías en la búsqueda de vías para su recuperación económica.
La justificación de la Secretaría de Economía encabezada por Bruno Ferrari, es que bajo el nuevo marco, el país tendría acceso rápido a las nuevas tecnologías de las naciones en concierto bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, al no cubrirse el requisito de certificación nacional, los consumidores tendrían un ahorro de 2 mil 400 millones de pesos.
Lo cierto es que abierta la puerta a partir de la publicación en el Diario Oficial, el 17 de agosto pasado, de los llamados "Acuerdos de Equivalencia" que alcanzaron tres grupos de normas, más de tres meses después no se conoce de ningún producto electrónico con etiqueta real o falsa "Made in USA" o "Made in Canadá" que haya disminuido su precio al público. El beneficio, pues, fue para las firmas multinacionales que exportan al país.
Del otro lado de la moneda, aunque se habla de que México tardó más de tres meses en acariciar la anhelada posibilidad del iPad, dado que mientras en las tiendas de Estados Unidos se vendía desde el 2 de abril pasado y aquí llegó a los anaqueles hasta el 23 de julio, el desfase lo provocó la estrategia mercantil del fabricante, es decir, Apple.
De hecho, la firma presentó su solicitud de certificación el 15 de abril... y la recibió vía electrónica cuatro horas después.
De acuerdo a la constancia notarial realizada a petición del NYCE, la solicitud se ingresó a las 13:28 y se liberó a las 17:26, tras desahogarse las pruebas previas en tres días.
El asunto, pues, no tiene que ver con la agilidad ni con el costo al público de los productos importados.
Se trata, pues, de una cesión de soberanía que coloca una vez más al país como patio trasero de Estados Unidos.
Lo grave del caso es que en su afán de agachar la cabeza frente a la Casa Blanca, el Gobierno atropelló las formas, sentó un mal precedente en la relación de iguales que planteaba el TLCAN, colocó en jaque miles de empleos de empresas establecidas en México y puso en peligro a los consumidores mexicanos.
Carambola de mil bandas
Aceptada por el ministro Sergio Valls, sin réplica por parte del Gobierno en los 10 días que tenía para inconformarse, la controversia constitucional, avalada por 57 senadores de todas las bancadas de oposición, señala en su exposición de motivos una larga lista de consideraciones jurídicas, políticas, económicas y sociales.
Entre las primeras se anota la violación a tres leyes: la de Metrología y Normalización, en cuyas telas y entretelas nunca se faculta al secretario de Economía para establecer equivalencias con estándares técnicos extranjeros; la de Comercio Exterior, que obliga a las mercancías de importación a someterse a las normas oficiales mexicanas, y la Federal de Procedimientos Administrativos, que reclama una consulta previa con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Entre las segundas, se señala que el Gobierno atenta contra la división de poderes, coloca en riesgo a los consumidores mexicanos, lacera la soberanía nacional y pone en peligro a las instituciones del Estado mexicano.
Entre las terceras se habla de golpear a la industria nacional, desincentivar la inversión en áreas estratégicas y comprometer el empleo de los mexicanos.
Entre las cuartas se anota la falta de respeto a los derechos de los consumidores mexicanos.
Y ahí viene el segundo acto de la obra "Chivo en cristalería".
BALANCE GENERAL
Bajo el argumento de vulnerar derechos adquiridos por las empresas con la reforma aprobada por el Congreso de la Unión el año pasado que modifica las reglas para el pago consolidado del Impuesto Sobre la Renta, la juez cuarta de Distrito, Guillermina Centeno, le otorgó sendos amparos a ocho empresas gigantes.
Sin embargo, la resolución fue impugnada de inmediato por la Secretaría de Hacienda, por lo que la decisión final, dada la demanda de inconstitucionalidad, estará en manos del pleno de la Suprema Corte de Justicia.
Las empresas que habían sido beneficiadas son Cementos de Chihuahua, Corporación San Luis, Mexicham, Sare Holding, Grupo Alfa, Grupo Industrial Omega, Corporación Zapata, Grupo Radio Centro y Xignux.
La inconformidad apuntaba a un artículo transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que modificaba radicalmente el esquema de pago al acumularse al escenario ejercicios anteriores, lo que obligaba a pagar de golpe adeudos atrasados. Como recordará usted, la consolidación fiscal permite a un consorcio integrar en uno las pérdidas y ganancias de sus empresas filiales al momento de su declaración, en un escenario en que permitía el diferimiento de los pagos para mitigar los quebrantos.
PURGA DE DISIDENTES
Bajo la consigna de quien no está conmigo está contra mí, el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, está realizando una formidable purga que alcanza a 20 mil trabajadores integrados en los disidentes Alianza Minera Nacional y Frente de Renovación Laboral.
La medida, consistente con la cancelación de sus derechos sindicales durante tres años, alcanza dos tercios de los agremiados.
Lo inaudito del caso es que el castigo no se individualiza, al emplearse tabla rasa en las secciones contrarias, nueve de Coahuila, dos de Chihuahua, tres de Zacatecas, una del Estado de México y otra de Sonora.
Hace unos meses la guillotina masiva había caído sobre los mismos trabajadores, suspendiéndolos por un año.
Lo curioso del caso es que hasta hoy la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no ha respondido a los reclamos planteados por los disidentes desde el 11 de agosto pasado.
OFERTA DE IUSACELL
Colocada por los analistas como la villana de la telenovela que propició, con su tenaz acumulación de litigios para ventilar la justeza de las bases de la famosa licitación 21 del espectro de telefonía celular, el retiro de Televisa tras su promesa de matrimonio con Nextel, Iusacell colocó en la mesa la fórmula mágica para rendirse.
Estamos hablando de que Nextel pague la contraprestación inicial real por la concesión, es decir agregar a los 180.3 millones en que la obtuvo el restante para llegar a 5 mil.
