El Estado mexicano fue hallado culpable de la violación de las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernandez Ortega, perpetrada por miembros del Ejército en 2002. El viernes, después de 8 años de buscar justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia a su favor.
Valentina Rosendo se pronunció sobre la sentencia. La violación, cuando tenía 17 años, la marginó de su comunidad y provocó la desintegración de su familia; sin embargo, se dijo contenta porque ya se conoce la verdad.
"Fui escuchada en otro país y no en el mío. El Gobierno me dijo muchas veces 'mujer mentirosa' y hoy se conoce la verdad", dijo Velentina en conferencia de prensa convocada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Mesoamérica; organizaciones que promovieron los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Cabizbaja por momentos y con una clara alegría en otros, Valentina acusó al Gobierno de haberle cerrado todas las puertas de la justicia. "Anduve ocho años buscando justicia. Pasando sufrimiento y dolor. Yo quiero que el Gobierno acepte en público que se equivocó y que fueron los militares los que nos violaron", expresó la indígena de la etnia mephaa.
La sentencia de la CoIDH establece que el Estado mexicano violó el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a no ser torturado, la integridad personal de la víctima y sus familiares, el derecho a la protección de la dignidad y la vida privada, así como las garantías judiciales y a la protección judicial.
De esta manera, México ha hecho caso omiso a tres Tratados Internacionales: La Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Internacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como la Convención Belén do Pará, que sanciona la violencia de Género.
