Desde el penal de Mil Cumbres el diputado federal señala que se presentará un informe de esta visita además del reporte mensual que se elabora cada mes.
El caso de los 14 ex funcionarios que permanecen todavía privados de su libertad en Michoacán acusados de delincuencia organizada, daña la imagen del país en el mundo dado que se ha pasado por encima de sus derechos, afirmó Rubén Moreira Valdés, después de la visita este jueves al penal de Mil Cumbres, en el municipio de Charo, al norte de la entidad.
"Es evidente que la Federación trató de evitar la defensa de estas personas, después de ser detenidos, fueron arraigados en la Ciudad de México y trasladados a un penal de alta seguridad; sus juicios se desperdigaron por toda la República, es un caso con muchos excesos", afirmó el coahuilense.
Vía telefónica el diputado federal y presidente del Grupo Plural de Trabajo de la Cámara de Diputados, confirmó su visita de la comitiva de legisladores para dar seguimiento al caso de los funcionarios estatales y municipales detenidos en el llamado '¡Michoacanazo'.
"Esta situación habla muy mal del respeto a los derechos humanos del país, ya hay incluso una recomendación de la CNDH respecto a los excesos y violación de derechos humanos que se encontraron en este caso", afirma el legislador.
Entrevistado, Moreira Valdés, presidente del grupo señaló que durante el próximo período ordinario de sesiones se presentará el informe de esta visita además del reporte mensual que se elabora cada mes.
"Nos preocupa que los expedientes se archiven y se acumulen en juzgados y tribunales sin que haya solución para ellos en los tiempos que estipula el derecho. Es extraño que en esta guerra contra la delincuencia no se haya aumentado el presupuesto al Poder judicial de la Federación para que se eviten estas situaciones", afirmó Moreira Valdés.
El también presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, dejó ver su preocupación por el hecho de que en este proceso el arraigo y los testigos protegidos han sido fundamentales para inculpar a los ex funcionarios a pesar de que las recomendaciones para eliminar ambas figuras del sistema jurídico.
"De los 35 inculpados en un inicio sólo quedan 14 y los que ya fueron liberados manifiestan que durante el arraigo hubo presión psicológica y que los dichos de los testigos protegidos aún no se prueban, espero que pronto se apruebe la reforma y cumplir con las exigencias que piden eliminar ambas figuras", finalizó.
