Del frágil y delicado estado que guarda la administración de justicia en este país, ha sido el trágico suceso que ahora culmina en unos desbaratados procesos penales. Hace aproximadamente un año, treinta y cinco funcionarios públicos estatales y municipales del Estado de Michoacán, fueron acusados de ser partícipes con el narcotráfico y el crimen organizado. Este suceso se conoció a nivel nacional como el "Michoacanazo".
UN DÍA CUALQUIERA, Llegaron a varias ciudades de aquel estado, grupos especiales de policías federales de la Procuraduría General de la República y del mismo Ejército, para detener a presuntos delincuentes ligados con el narcotráfico y el crimen organizado. Detenidos que fueron, se les subió a naves aéreas, patrullas o en camionetas, para ser trasladados de inmediato a la Ciudad de México, específicamente a la oficina de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales.
CONSIGNADOS Que fueron a un Juez de Distrito en Materia Penal en Morelia al día de hoy, de los 35 inculpados ya han salido 34 del reclusorio y sin duda en unos días saldrá el último. Ante estos hechos el Procurador de la República licenciado Arturo Chávez puso el grito en el cielo contra del Juez Primero de Distrito en Morelia, presentando al canto una Queja ante el Conejo de la Judicatura Federal, específicamente por las resoluciones de libertad que dictó el Juez de Distrito. Hasta el mismo Presidente Felipe Calderón se sumó al grito emitido por el Procurador.
LA REALIDAD Parece bastante clara en este asunto judicial: Primeramente, es posible que a algunos delincuentes anteriormente detenidos por otros y diversos asuntos, se les haya hecho fácil inculpar a los funcionarios públicos y por dos razones: Por haberse negado a cumplirles los compromisos contraídos; segundo, o por inculparlos simplemente para procurarse una mejor defensa legal.
PODRÍA SER También, que las imputaciones hechas no tuviesen un fundamento legal o que los agentes del Ministerio Público Federal adscritos a los diversos procesos penales, no aportaron ante el Juez las pruebas contundentes y necesarias para que se dictara sentencias condenatorias y el tercero, quizá lo más probable: Que el Juez de las causas y su familia hayan sido amenazados e intimidados para torcer la ley. Ante esta última posibilidad nos preguntaríamos: ¿Qué puede hacer un juzgador en estas circunstancias?
EN ESTA GUERRA Olvidamos frecuentemente el estado de indefensión en que se encuentran los jueces y sus familias. Es el juzgador quien dentro de esta guerra interminable debe cerrar el último capitulo: dictar una sentencia estrictamente apegada a derecho y que contenga en sí el espíritu de justicia que busca la ley y la sociedad.
LA DECLARACIÓN DE GUERRA Que hizo el Presidente Felipe Calderón se libra en todos los ámbitos del territorio nacional. Se lucha en las carreteras, los puertos marítimos, los aeropuertos, en las colonias, en las serranías, en las pasos fronterizos, al interior de los cuerpos de seguridad, tras los escritorios de algunos funcionarios públicos, en los corredores de las dependencias de los ministerios públicos, pero muy especialmente en los tribunales federales.
AL PODER JUDICIAL FEDERAL En materia penal se le debe blindar y a sus jueces otorgarles una protección especial, de lo contrario, nunca podrán cumplir con sus delicadas funciones. No es posible dejar a los jueces al arbitrio de los delincuentes, ni se puede tolerar que se pretenda secuestrar a uno de los Tres Poderes de la Unión. Eso sí sería muy grave para la nación.
