"Aquí no hubo ningún error, ninguna falla; nos inventaron un delito."
Ignacio Mendoza Jiménez
Miguel García Hurtado es una de las víctimas del "michoacanazo". Procurador de justicia de Michoacán cuando se produjo el operativo del 26 de mayo de 2009 en el que se detuvo a decenas de funcionarios y ex funcionarios estatales y municipales, se presentó voluntariamente a declarar al día siguiente, pero fue detenido y acusado de tener vínculos con el narco.
Cuatrocientos ochenta y cinco días más tarde, el 24 de septiembre, ya con su empleo perdido, habiendo gastado fuertes cantidades de dinero en su defensa legal, tras haber sido exhibido en los medios como narcotraficante, con la carga de la angustia personal y familiar por su prolongado encarcelamiento, el juez lo dejó en libertad porque las pruebas en su contra no demostraban su culpabilidad. No es el único caso. Treinta y cuatro de los 35 detenidos en el michoacanazo están ya en libertad.
¿Cuáles fueron las pruebas que llevaron a la PGR a consignar a García Hurtado y a los otros acusados? En el caso del ex procurador, la inclusión de su nombre en una supuesta narcolista --tres hojas blancas impresas con nombres y cantidades-- así como los testimonios de tres testigos "protegidos", identificados en los juicios como Emilio, Ricardo y Paco, ex policías convertidos en delincuentes a quienes la Procuraduría les prometió beneficios a cambio de sus declaraciones.
El problema con la narcolista es que cualquiera pudo haberla elaborado. De los testigos, uno ofreció un testimonio de oídas sin validez jurídica. Otros dijeron que miembros de La Familia entregaban dinero al procurador, pero los datos que aportaron se contradicen con otras pruebas.
Los testigos lógicamente declararon lo que les convenía a cambio de los beneficios que se les ofrecieron. Ni ellos ni la autoridad se preocuparon demasiado por que sus historias fueran posibles o congruentes. Uno de ellos, de hecho, se ha fugado ya.
Mucho se ha señalado que las autoridades mexicanas detienen para investigar en lugar de investigar para detener. Este caso, sin embargo, parece ser todavía peor. El ex subprocurador de Michoacán Ignacio Mendoza Jiménez, detenido en el michoacanazo y liberado en enero de este 2010, acusa a la PGR de haber actuado con dolo y por razones políticas. La afirmación, que en otras circunstancias parecería uno de tantos intentos de un criminal por evadir su responsabilidad, adquiere fuerza ante el rotundo fracaso de todos los casos surgidos del michoacanazo.
Quedan en el aire varias preguntas. ¿Qué ocurrirá con el único detenido que aún permanece en la cárcel? Se trata de Armando Medina Torres, ex presidente municipal de Múgica, detenido en septiembre, pero acusado con las mismas pruebas inconsistentes y testigos falsos que los demás. ¿Seguirá tratando la PGR de detener al diputado Julio César Godoy, que enfrenta acusaciones que son al parecer tan endebles como las de las demás víctimas del michoacanazo?
Por otra parte, ¿serán las pruebas contra Greg Sánchez, el ex candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, también falsas? ¿Habrá sido su detención realmente producto de su colaboración con los cárteles de las drogas o sólo una maniobra para quitar de enfrente a un candidato incómodo?
Cuando un operativo en que se detiene a 35 resulta en 34 absoluciones (hasta ahora) hay motivos de preocupación. ¿Son tan ineptos los ministerios públicos y fiscales que no pueden ganar estos casos? ¿O se ha convertido la PGR en una institución que inventa acusaciones por razones políticas?
Los mexicanos hemos tratado de construir asentamientos en desafío a las reglas más elementales de la naturaleza. Las consecuencias pueden ser desastrosas. El deslave de Santa María Tlahuitoltepec en la sierra Mixe de Oaxaca es un ejemplo, pero también las inundaciones de Veracruz y Tabasco, muchas de las cuales han ocurrido en cauces de ríos que nunca debieron albergar viviendas.
