Lanzadas las fanfarrias al vuelo por Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía en la supuesta buena nueva de que la Corte había validado los contratos "incentivados" aprobados previamente por su consejo de administración, lo cierto es que éstos nunca estuvieron en la mesa de los ministros.
La presunta premonición de los consejeros, pues, cuya bola mágica o consejo de augures les había revelado lo que días después aprobaría el máximo tribunal de justicia del país, resultó balín.
Éste se pronunció en abstracto sobre la legalidad de 11 artículos del reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos impugnados por la Cámara de Diputados vía una controversia constitucional, no sobre los modelos de contrato aprobados por el órgano de la paraestatal. Se diría, así, que en la prisa por cubrir la evidente pifia cometida al adelantarse (¿o se pretendía tirar línea?) a una resolución de los 10 ministros en funciones, la empresa pública engañó a los contratistas y de pasadita a la opinión pública.
Como recordará usted, la impugnación de la Cámara Baja se planteó el 16 de octubre de 2009, en tanto la aprobación del consejo de administración de la paraestatal a tres contratos para la exploración, desarrollo y producción de petróleo en campos maduros por contratistas privados nacionales y extranjeros, llegaría el 24 de noviembre de 2010, una semana antes de que la Suprema Corte iniciara el análisis de los artículos impugnados.Concluido el ejercicio el 6 de diciembre anterior, se resolvió que a contrapelo de la percepción de los legisladores el reglamento de la discordia no rebasa, ni va más allá o es contrario a las prohibiciones establecidas en el artículo 27 de la Constitución y la Ley de Pemex para la celebración de contratos, por más que se calificó a la controversia de "parcialmente procedente y parcialmente fundada".
Estamos hablando, pues, de un pronunciamiento sobre la validez o invalidez de la norma, no sobre su interpretación concreta plasmada en los contratos aprobados por el consejo de administración.
Entre los 11 artículos impugnados por los diputados que plantearon la controversia contra el presidente Felipe Calderón, destacaba el 62, cuyo punto medular planteaba que las remuneraciones a los contratistas podrían basarse en fórmulas o esquemas que permitan obtener "un precio cierto y un dinero de conformidad con la legislación civil". Más adelante, el texto de la discordia señalaba que las remuneraciones a los contratistas "podrán establecerse en función del grado de cumplimiento de las metas o en función de indicadores explícitos y cuantificables expresados en unidades de medida de uso común en la industria de los hidrocarburos, los cuales podrán referirse a productividad, capacidad, reserva incorporada, recuperación de reserva, tiempo de ejecución, costos en que se incurra en ahorro de éstos, obtención de economías y otros que redunden en una mayor utilidad para Petróleos Mexicanos". De acuerdo con los diputados, bajo este prisma se generan incentivos que involucran el valor de las ventas, creando con ello condiciones estructurales de índole normativa para que los particulares aleguen derechos latentes sobre las reservas de hidrocarburos, cuya propiedad corresponde a la nación.
El caso es que aún cuando la Corte avaló la norma en abstracto, no se pronunció por su aplicación, aún cuando advirtió que si hubiera un contrato que estableciera una situación en relación con el valor de la venta del petróleo, entonces tendría que revisarse su validez.
Dicho con todas las letras, pues, habría que ver los contratos aprobados por el consejo de administración de la paraestatal para analizar si empatan o no con lo avalado.
Como usted sabe, éstos señalan que los contratistas podrán recibir un porcentaje del costo de venta del petróleo extraído, a título de incentivar la productividad, por más que en paralelo se les reembolsará 75% de los gastos de extracción.
Pemex, pues, armó la gran farsa.
BALANCE GENERAL
Desgarrada la garganta presidencial con exhortos a los países desarrollados para cubrir los parámetros mínimos de equilibrio ecológico, hete aquí que nuestro país actúa como "candil de la calle y oscuridad de su casa" al aprobar escenarios depredatorios en el propio marco en que se desarrolló la Cumbre contra el Cambio Climático, celebrada en Cancún.
De entrada, contra el clamor de grupos ecologistas, la Secretaría del Medio Ambiente validó el cambio de adscripción de un aerogenerador para alimentar la propia Cumbre.
Más allá, la posibilidad de un aeropuerto en la Riviera Maya atenta contra el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Solidaridad, al atropellar plantas de tratamiento, relleno y sitio de confinamiento de RP estabilizados, franja verde de 25% para evitar la fragmentación de ecosistemas y la exigencia de conservar palmares originales y nativos.
De hecho, se planteaba un programa de reforestación de hasta mil 500 ejemplares por hectárea. El escándalo mayor, empero, lo plantea el libramiento Cancún para alcanzar la nueva terminal, cuya evaluación de impacto ambiental se realizó en forma amañada al segmentarse el proyecto.
Una más, pues, contra la joya de la corona del país en materia turística.
AEROMÉXICO, LA HIZO
En lo que constituye un signo más de los tiempos que corren en materia de precariedad laboral, los pilotos de Aeroméxico aceptaron por mayoría un convenio de viabilidad financiera y operativa que en el terreno práctico obliga a jornadas más largas, desaparece o acota recesos, pero del otro lado de la moneda ofrece un esquema de bonos de productividad.
De entrada, durante los próximos tres años los incrementos salariales se ajustarán a la tasa de inflación.
Además, los pilotos de nuevo ingreso estarán regidos por un nuevo contrato laboral, al que se califica de "más competitivo", eliminándose el pago de tiempo extra en algunos vuelos: desapareciendo el bono de antigüedad; acotando el pago por horario nocturno, y eliminando los pagos por tienda sindical y fondo de ahorro, además de modificarse el esquema de jubilación.
De acuerdo al cálculo de la firma encabezada por José Luis Barraza, el nuevo escenario permitiría abatir 40%.
La buena noticia es que la firma logró el cambio radical sin sangre, es decir, sin recurrir a un conflicto colectivo de naturaleza económica, como lo hizo Mexicana.
JACQUE A TM
En la presunción de que la Comisión Federal de Telecomunicaciones manipuló el reporte que le entregó Transparencia Mexicana sobre su actuación como testigo social de la polémica licitación 21 que le dio cancha a Nextel para hacerse de una red nacional de telefonía celular sin competidores a la vista, es decir, pagando el precio mínimo fijado por la instancia licitante, el diputado panista Javier Corral está exigiendo la publicación del documento completo.
La exigencia coloca en el callejón a la filial en México de Transparencia Internacional, en la perspectiva que, de ser correcta la presunción, se estaría cerrando las puertas para seguir actuando como una suerte de garante de la legalidad de los concursos que se celebran en México, cobrándole sus honorarios a los participantes en éstos.
El jaque, pues, es en todo lo alto.
Albertobach@yahoo.com.mx
Barrancoalberto@prodigy.net.mx
