Trabajadores mineros pidieron al gobierno federal agilizar trámites para extraditar a México al dirigente del sindicato Napoleón Gómez Urrutia “Napito”, para que sea procesado por el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito, por el presunto desvío de 55 millones de dólares de un fideicomiso.
Trabajadores mineros pidieron al gobierno federal agilizar trámites para extraditar a México al dirigente del sindicato Napoleón Gómez Urrutia “Napito”, para que sea procesado por el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito, por el presunto desvío de 55 millones de dólares de un fideicomiso.
Agustín Acosta Azcón, representante legal de los que dicen ser afectados, aseguró que no sólo debe ser presentado ante las autoridades, sino devolver a los trabajadores lo que les pertenece, por lo que deben actuar con prontitud la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
“No hay pretexto, dado que los pasos legales más importantes han transcurrido y los resultados han sido adversos para Gómez Urrutia y sus cómplices: Juan Linares Montufar y Héctor Félix Estrella (ex presidente del Consejo de Vigilancia y ex tesorero del sindicato, respectivamente), de tal suerte que lo único que queda es la aplicación puntual de la ley”.
Acosta Azcón manifestó que uno de los últimos acontecimientos del proceso en contra del ex dirigente fue la resolución del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Distrito Federal donde negó amparo a Juan Linares Montufar, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte.
La instancia, dijo, determinó que existen las pruebas que demuestran que el fideicomiso de 55 millones de dólares fue extinguido ilegalmente, y se confirma que de esa cantidad, 35 millones de dólares fueron depositados en cuentas bancarias personales de Gómez Urrutia y de terceros en el extranjero.
Los restantes 20 millones de dólares fueron distribuidos entre trabajadores y ex trabajadores que no tenían derecho a recibirlos, precisó el abogado de los quejosos agrupados en una organización denominada Cooperativa Veta de Plata.
Destacó que los magistrados consideraron que los integrantes del comité técnico del fideicomiso minero F/9645-4 eran subordinados del ex dirigente, por lo cual no le fue difícil ordenar la extinción del mismo.
Explicó que la sentencia implica que la orden de aprehensión en contra de Gómez Urrutia es válida y que Linares Montufar seguirá detenido en el Reclusorio Norte para enfrentar el proceso penal en su contra.
Agustín Acosta recordó que la decisión del Tribunal Colegiado determinó también que la cancelación y extinción del fideicomiso minero constituye un delito y que las pruebas existentes en el proceso son suficientes para sostener un proceso penal en contra las personas vinculadas a esos hechos, entre ellas Linares Montufar, Gómez Urrutia y Félix Estrella.
Precisó que por segunda ocasión se da una resolución de un juez federal que niega la protección de amparo a un acusado del desvío millonario, sólo que esta vez la decisión lleva toda la autoridad , puesto que la negativa de amparo fue confirmada por un tribunal.
