HA PASADO UN AÑO Y la Cámara de Diputados no ha podido aprobar el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional que le envió la Cámara de Senadores, con la que se pretende regular la participación del Ejército Mexicano y la Marina en la lucha contra el crimen organizado.
EL DÍA DE AYER Terminó el período ordinario de sesiones de la Cámara y el dictamen ha quedado pendiente. Y es que la cosa no es para menos, pues las reformas a tan delicada Ley, implican una serie de problemas jurídicos y constitucionales, lo que originó que los señores diputados optaran por tomar el asunto con todo el cuidado que reclama la reforma y no legislar el asunto al vapor.
TRATÁNDOSE DE UN ASUNTO Con tantas aristas, el coordinador de la bancada priista Francisco Rojas Gutiérrez, declaró: que el dictamen enviado por la Cámara de Senadores no fue aún discutido por las comisiones de Defensa Nacional, Justicia ni de Gobernación y Puntos Constitucionales.
EL PROBLEMA Que existe actualmente, como lo ha señalado el general secretario Guillermo Galván Galván, es que urge se legisle un marco jurídico actualizado para regular la actuación del Ejército y de la Marina en la lucha en contra del narcotráfico, marco jurídico que actualmente no existe, lo que ha venido permitiendo se cometan arbitrariedades y atentados a los derechos humanos en perjuicio de la población civil.
EN ESTE CASO , la Ley deberá precisar con puntualidad, cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en esta lucha, las sanciones que se podrían imponer a los miembros del Ejército que cometan algún delito en perjuicio de los particulares y además, el tipo de tribunal que conocería de esos delitos.
EL PROYECTO CONTEMPLA Además, cuáles serían los procedimientos legales que habrían de cumplirse para autorizar el despliegue de tropas en regiones del país, previa solicitud de los gobernadores de las entidades o de los congresos estatales. La iniciativa prevé también que los militares deberán ser procesados por los delitos cometidos en contra de la sociedad civil por tribunales civiles.
UN PUNTO MUY Interesante de la reforma es que contempla la imposibilidad de que el Ejército intervenga para sofocar movimientos sociales o derivados de conflictos electorales y por otra parte, se faculta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar las violaciones a las garantías individuales con motivo de acciones del Ejército.
COMO SE PODRÁ Ver, el proyecto de Ley dará marco jurídico al Ejército y Marina para actuar legalmente en la guerra en contra del crimen organizado, cosa que actualmente no tiene.
