SIN DUDA La detención del candidato al Gobierno del Estado de Quintana Roo por la alianza PAN-PRD y Convergencia, Gregorio Sánchez el "Greg", tensa de una u otra manera las elecciones en esa entidad y coloca a la Alianza en una posición de enfrentamiento ante el Gobierno Federal del que es titular el presidente Felipe Calderón.
LOS DIRIGENTES De los partidos coaligados han manifestado en todos los foros, que se trata de una persecución puramente política. Por otra parte, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, afirmó que "que en tiempo hizo saber a Jesús Ortega de las indagatorias que se estaban practicando con relación a las actividades que el hoy candidato de la coalición parecía tener con el crimen organizado y 'lavado' de dinero", además le dijo, que esas averiguaciones se iniciaron desde el mes de enero de 2010.
EL PROPIO PRESIDENTE De la República, Felipe Calderón Hinojosa, también se refirió al caso afirmando que la acción penal instaurada en contra de "Greg", está debidamente fundamentada en "evidencias, indicios y testimonios" en poder de las autoridades y que fundamentan los cargos que se le imputan.
POR LO PRONTO El señor Gregorio Sánchez sigue como candidato de la Alianza, a la que por cierto no se sumó el PAN como sí lo hizo en otros siete estados. A reserva de lo que diga el juez de Distrito que conoce de la causa y que ya dictó auto de formal prisión o de inicio de sujeción a proceso, es de interés conocer que la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo prevé la sustitución de los candidatos registrados por fallecimiento, inhabilitación (que sería el caso), incapacidad, renuncia o por resolución de los órganos directivos estatales del o los partidos que lo hayan postulado y registrado. Pero la Ley no fija el término para la sustitución de candidato, aunque sería de suponer, que debería ser antes del día de la elección fijada para el 4 de julio de este año.
COMO SE ESTÁN Viendo las cosas, quedarían en la contienda electoral únicamente el PAN y el PRI, pero cualquiera que fuese el resultado de la elección ésta sería sumamente cuestionada y originaría un ambiente poselectoral nada deseable para la vida económica, turística, social y política de aquella entidad.
POR OTRA PARTE, sería muy grave que el poder público se usase para fines políticos o electorales, pues esto vendría a descomponer aún más la vida democrática del país; pero también por otra parte, habría que concederle el beneficio de la duda tanto a "Greg" como presunto responsable, como al presidente, que si está actuando en este asunto como lo ha venido haciendo a través de la Secretaría de Hacienda y de la PGR, es muy posible que se tengan las pruebas contundentes y suficientes para fincar la responsabilidad penal del candidato como partícipe en crimen organizado y "lavado" de dinero, pruebas que sin duda le pudieron haber sido proporcionadas por agencias de Inteligencia de los Estados Unidos.
ESPEREMOS Y veremos qué dice el juez de Distrito Penal, ante quien se ventila el sonado asunto.
