COMO SI YA no tuviéramos suficientes problemas, ahora aparece la sanción que el Instituto Federal Electoral le quiere imponer al presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, con motivo del mensaje que dio a la nación el día 15 de junio pasado, en donde informó sobre los problemas de la seguridad y la lucha en contra del crimen organizado.
POR SU PARTE el subsecretario de Gobernación Roberto Gil Zuarth, salió en defensa del jefe del Ejecutivo y argumentó: "La censura acordada del discurso presidencial por parte del IFE es insostenible y es convicción del Gobierno Federal que se invaden las facultades del presidente y se soslaya el derecho a la información de los ciudadanos". Se trata de la primera vez en la historia del IFE, que éste acusa a un presidente de la República haber supuestamente violado la Ley electoral.
EL FONDO DE ESTE asunto es poder saber con certeza qué se entiende por propaganda o promoción política ilegal por parte de cualquier partido político, candidato o funcionario público. ¿Quiénes son esos burócratas que tienen la divina facultad de decir urbi et orbi y de manera infalible quién habló más de la cuenta?
NO ES LA PRIMERA VEZ que el grupo de burócratas de Tlalpan, decide interpretar a su manera subjetiva la cuestionada Ley, en lo que se refiere a contenido de la propaganda y los spots de los partidos políticos. Son ellos, ese grupo difuso de burócratas, los que dicen cuándo una propaganda política es correcta y cuándo no lo es. Son ellos los que resuelven qué cartulina, manta, presentación radiofónica, video, etc., estén apegados a la laxa Ley.
Y NOSOTROS NOS PREGUNTAMOS: ¿cuál es el criterio que toman en cuenta los burócratas para calificar o descalificar una declaración o propaganda de tipo político? ¿Quiénes son esos oscuros e invisibles personajes que tienen el poder de limitar la libertad de expresión de los mexicanos?
LA SANTA INQUISICIÓN de tan mala fama histórica, podría ser el antecedente de este tipo de atentados a la libertad de expresión y de pensamiento. Para los pequeños burócratas todo lo que no les parezca correcto que digan los partidos políticos, candidatos y funcionarios públicos, pueden sancionarlo.
EXISTE UNA irracionalidad discrecionalidad en la Ley electoral, que permite a los integrantes del IFE llegar a cualquier barbaridad o aberración. Esto no es saludable para un buen desarrollo de un sistema democrático firme y duradero. El gobernante está obligado a mantener informada a la ciudadanía sobre las políticas y las actuaciones del Gobierno, sea éste federal, estatal o municipal. Únicamente en tiempo de procesos electorales se deberán mantener mudas, pero no en lo que respecta a la seguridad nacional y la lucha en contra del crimen organizado.
PERO VOLVEMOS A lo mismo: ¿quiénes son estos personajes que tienen la facultad de decidir subjetivamente sobre lo que está bien dicho y lo que está indebidamente manifestado?
DICEN QUE SÓLO el Papa es infalible, tenga o no razón, pero ha habido y hay, órganos represivos que han gozado de la facultad de calificar lo que se debe decir y lo que no se debe decir. Ejemplos tenemos de la KGB en la Rusia soviética, La Gestapo de Hitler y El Santo Oficio de la Iglesia Católica por mencionar las más notorias.
EL PROBLEMA es la manera como está redactada la Ley Electoral que tiene inmensas lagunas legales, y ello permite a los pequeños burócratas constituirse en el gran tribunal censor de la libertad de expresión.
HABRÁ QUE meterle mano a la Ley, ¡pero ya!
