DENTRO DEL YA histórico tema sobre la justicia mexicana, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoita pontificó: que no probar o acreditar ante los jueces los elementos constitutivos de las conductas delictivas, o cometer errores en la integración de las averiguaciones previas, tiene como consecuencia fatal la liberación de los criminales.
CON ESPÍRITU optimista el ministro aseguró que en el 15% de los procesos penales no se presenta por el ministerio público las pruebas contundentes y necesarias como para que el juzgador dicte una sentencia condenatoria. En este punto el ministroOrtiz Mayagoita se quedó muy corto.
ES SABIDO PORtodos y así lo aseguran las estadísticas, que en nuestro país, del total de millones de delitos que se cometen en el país, solamente un 10% es denunciado, y de ese magro 10%, únicamente en el 3% se llega a dictar una sentencia definitiva ya sea condenatoria o absolutoria.
DE ESTAMANERAlos números nos colocan en la lista negra de los países por lo que se refiere a la aplicación de la Ley. Si un individuo sabe que si comete un delito tiene un laxo 3% de probabilidad de ser detenido y condenado, pues francamente la probabilidad es muy pequeña y como tal, le invita a cometer el delito. De esta manera vivimos en el paraíso de la impunidad sin leyes ni normas qué respetar y un Estado que no sabe ni puede hacerlas respetar.
DENTRO DE ESTE mundo de confort para la delincuencia, los cuerpos policiacos a sus tres niveles de gobierno y los ministerios públicos tienen la mayor culpa de tal situación. Nuestros Los ministerios públicos y la impunidad llamados cuerpos de investigación carecen de los más elementales laboratorios periciales, de criminalística, de verdaderos equipos forenses, de archivos de dactiloscopia, de banco de datos e información, no existe el intercambio de información entre las diversas policías y están ayunos de lo más importante y necesario: del espíritu justiciero para hacer cumplir la Ley y castigar a los que la quebrantan.
EN ESTAS CONDICIONES las tareas del ministerio público se limitan a recoger casquillos y practicar autopsias.Pero si el delincuente no es cogido in fraganti será muy difícil ponerlo ante un juez para que le aplique la Ley y hasta en estos casos, muchas veces a los acusados el juez por imperio de la Ley, deberá dictar auto de soltura, de desvanecimiento de datos o una sentencia absolutoria.
LA REALIDAD es que este problema no compete al Poder Judicial. La persecución de los delitos es competencia del Ejecutivo federal a través de la Procuraduría General de la República o de las Fiscalías estatales. Es al presidente Felipe Calderón y a todos y cada uno de los gobernadores a los que corresponde crear verdaderas policías investigadoras, capacitadas, debidamente equipadas y con los mayores adelantos que la ciencia criminalística nos proporciona, pero lo más necesario sería la honestidad, la capacidad y un alto espíritu justiciero.
DE NO SER ASÍ, seguiremos arrastrando esta vieja historia de impunidad que ya se apoderó de nuestro atribulado país.
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