POR FIN UNA BUENA noticia. El día martes pasado fueron liberadas del Cereso de Puentecillas en el Estado de Guanajuato, María Arcelia Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón, Susana Dueñas Rocha y Bonifacia Andrade Hurtado.
Y MIS LECTORES Se preguntarán: ¿Quiénes son estas personas? Pues nada más ni nada menos que las siete mujeres que fueron sentenciadas y encarceladas por un juez medieval, al amparo de un código penal también del Medievo (como en Islam) el Estado de Guanajuato.
RESULTA QUE Estas mujeres fueron procesadas por el delito de aborto previsto en el artículo 159 del código penal que dice: "A la mujer que provoque o consienta su aborto, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y de diez a treinta días de multa. Pero ahí no quedaron las cosas, el islámico juez de la causa, de un plumazo las sentenció no solamente por el delito de aborto, sino que además les impuso la pena agravada del artículo 156 que tipifica una de las formas del delito de homicidio y que reza: "A quien prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubinario o concubina, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación, se le sancionará con prisión de veinticinco a treinta y cinco años y de doscientos a trescientos días multa".
EN ESTAS CONDICIONES Las siete mujeres fueron condenadas a cumplir una pena privativa de la libertad de más de 25 años y no saldrían en libertad sino hasta el año 2035. De ese tamaño la burrada del Juez, de los tribunales de alzada y de las leyes de Guanajuato.
FUE LA FORTALEZA De las siete ejemplares mujeres y su infatigable lucha en contra de la injusticia, lo que les permitió obtener su liberación después y de haber estado injustamente presas por mas de seis años. Este caso llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Organización de Naciones Unidas, a diversos tribunales internacionales para la defensa de los derechos humanos y también participaron un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales; de no haber sido así, ahí estarían tras las rejas esperando al año 2035 para salir. Fue esta férrea batalla la que obligó a la legislatura local, para reformar la ley y reducir las penas en este tipo de delitos.
Y UNO SE PREGUNTA : ¿Por qué ha sido históricamente tan difícil en este asolado país hacer justicia? Irrita que las siete mujeres hayan sido condenadas a penas mucho mayores, de las que se aplican a los asesinos, sicarios y narcotraficantes. El entuerto se deshizo: ¿Pero quién les pagará ahora los seis años pasados en prisión?
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