Mientras el cabildeo de las firmas hegemónicas intenta suavizar, matizar dicen, la propuesta presidencial para endurecer el combate a los monopolios, las empresas damnificadas de aprobarse ésta, están tratando de apretar con más vigor las tuercas.
La más activa es Marcatel, una compañía mexicana de telefonía fija con ramificaciones internacionales, que durante años ha presentado una y otra denuncias contra Teléfonos de México, acusándola de bloquear sus posibilidades de interconexión.
Presidida por Gustavo M. de la Garza, la firma está cabildeando en el Senado, de entrada, que a los responsables de prácticas monopólicas absolutas, se le aplique una multa equivalente al 20 por ciento de su facturación anual, es decir el doble de lo que plantea la iniciativa del presidente Felipe Calderón.
Más allá, el planteamiento habla de cuantificar los daños y perjuicios provocados a las firmas afectadas por la constitución de un cártel, desplazamiento indebido, uso de subsidios cruzados y demás etcéteras, hasta por 300 por ciento de los beneficios logrados por los infractores.
La andanada plantea, en paralelo, la exigencia de cárcel no sólo para los funcionarios de las empresas privadas responsables de las prácticas monopólicas, sino para los de los organismos reguladores que permiten con su negligencia este tipo de actos.
Las penalidades serían idénticas para infractores y solapadores.
¡Pácatelas!
Pese a la Espada de Damocles que se colocaría sobre la cabeza de los integrantes del pleno de la Comisión Federal de Competencia, se exige que éstos no sean designados por el Ejecutivo sino por el Senado, bajo condición de reconocida capacidad, trayectoria y moralidad.
Y si le seguimos, bajo el nuevo escenario se exigiría disminuir los tiempos de resolución de los procesos, creándose en paralelo una división de la Procuraduría General de la República para perseguir de oficio actividades monopólicas, convertidas éstas en delito.
Más aún, debe modificarse la Ley de Amparo para que en ningún caso se protejan las violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica.
De hecho, se exige que cuando se inicie un proceso bajo la sospecha de prácticas violatorias del ordenamiento, se ordene de inmediato la suspensión de éstas, sin posibilidad de que la firma en el banquillo se proteja con amparos.
Adicionalmente, el planteamiento que cabildea Marcatel con el Senado, plantea que los ciudadanos afectados por prácticas monopólicas puedan realizar demandas civiles y acciones en gremios para interponer denuncias colectivas.
En este caso se reclamarían indemnizaciones equivalentes al beneficio obtenido, a imagen y semejanza de lo que prevé la llamada Ley Clanton de los Estados Unidos.
De acuerdo a ésta, se establece una penalización para los infractores equivalente al beneficio obtenido por la práctica ilegal...multiplicado por tres.
En paralelo, se plantea la exigencia de auditorías esporádicas por parte de la autoridad sin previo aviso a empresas sospechosas, en afán de evitar la eliminación de evidencias.
Ahora que las empresas reincidentes en acciones monopólicas, podrían perder sus concesiones en el caso de telecomunicaciones.
Duro, pues, y a la cabeza.
La exposición de motivos de Marcatel habla de un enorme rezago en materia de normatividad en el país, en un escenario en que en Estados Unidos y Australia las multas por prácticas monopólicas al margen de si se las clasifique como absolutas o relativas, es de 10 millones de dólares, mientras en Brasil llegan hasta el 30 por ciento de las ventas anuales del infractor.
En el caso de Sudáfrica y gran parte de la Unión Europea la multa equivale a 10 por ciento de las ventas anuales a nivel mundial, y en Argentina de 150 millones de pesos, equivalentes a 38 millones 866 mil dólares.
Desde otro ángulo, se asegura que bajo líneas más estrictas en el combate a los monopolios, México podría bajar varios escalones en el índice global de competitividad.
El presidente de Marcatel se inició en 1960 en el escenario de las telecomunicaciones, al fundar y dirigir Televisión Independiente de México, firma pionera en apertura de competencia frente a la que fuera Telesistema Mexicano, hoy Televisa.
Más adelante, incursionó en el desarrollo del sistema de localización móvil, fundando en 1965 el Consejo de Radio Beep, la primera empresa de paging en América Latina.
Marcatel nace en 1994, llegando a ubicarse como la cuarta telefónica del país, y la primera tras la privatización de Teléfonos de México.
El enemigo número uno de Telmex.
En la sorpresa de la temporada, el Gobierno le amplió olímpicamente el título de concesión con que opera el grupo Aeroportuario Centro Norte, conocido como OMA, para que administre adicionalmente el nuevo aeropuerto que se construye en Altamira, Tamaulipas.
La inversión pública federal será de dos mil 500 millones de pesos.
La obligación de OMA será elaborar el diseño legal y técnico de la terminal, además de llevar a cabo la definición del plan maestro de desarrollo.
El aeropuerto sustituirá al de Tampico y Ciudad Madero.
PERDIÓ ANÁHUAC
La noticia es que el ex presidente del grupo financiero Anáhuac, Jorge Hurtado Horcasitas, perdió finalmente un largo juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la exigencia de una millonaria indemnización contra los funcionarios públicos que lo acusaron de violaciones a la Ley Federal de Crédito.
Como recordará usted, el sobrino del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado, estuvo en la cárcel durante varios meses, en un escenario en que se acusó también a José Luis Sánchez Pizzini por operaciones que se asumían como fraudulentas.
El escándalo llenó en su momento varias páginas de los diarios, en la antesala de la debacle del sistema financiero tras la crisis de pagos derivada de la macrodevaluación del peso de diciembre de 1994.
MARCELO EN EL CALLEJÓN
En el insólito de la temporada, hete aquí que el Gobierno capitalino podría enfrentar un conflicto jurídico si declara desierto el concurso para la construcción de la vía que conectará a las carreteras de cuota México-Cuernavaca y México-Querétaro como una suerte de libramiento de la metrópoli, dado que sólo uno de los posibles postores adquirió las bases de licitación.
Éstas se cotizaron en el escándalo de 200 mil pesos.
La firma que podría llegar solita y su alma a la final, dejando en la lona a constructoras estelares como el Grupo ICA, Ideal de Carlos Slim o media docena de extranjeros, tiene la razón social Cox.
La concesión para construir y operar la autopista, aparentemente empleando los segundos pisos del Periférico, sería por 30 años.
