Hoy hace tres años que desaparecieron Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del EPR en pos de cuya presencia fue creada un año después una comisión mediadora que hasta ahora, disuelta y reconstituida no ha podido alcanzar del Gobierno la respuesta necesaria y única que requiere: la presentación con vida de los desaparecidos.
El tercer aniversario de aquel grave suceso ocurre mientras está desaparecido Diego Fernández de Cevallos. En apariencia se trata, en uno y otro caso, de privación ilegal de la libertad. Sólo que hay una diferencia sustantiva, que los distingue de manera rotunda: a pedido de la familia del panista eminente, el Estado se abstiene de actuar, y fue suspendida la búsqueda iniciada horas después de conocido el hecho; el mismo Estado, la misma Administración federal ha obrado en sentido contrario en el caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez: a pesar de las demandas de la familia las autoridades no han buscado jamás a los desaparecidos, y ni siquiera han dado los pasos formales de una averiguación previa que indague quién cometió el delito de que son víctimas. Y es que se trata de una desaparición forzada de persona, delito tipificado en la legislación internacional como el que cometen agentes del Estado o con solapamiento del Estado, que a su vez niega que ese ilícito se haya cometido.
A petición del EPR, el 29 de abril de 2008 se reunieron las cuatro personas mencionadas expresamente por esa organización armada, y luego completaron su número tres miembros del Frente Nacional Contra la Represión. Al Gobierno Federal le costó trabajo reconocer a la Comisión: consideró a sus integrantes como ciudadanos en ejercicio de sus derechos y luego hasta quiso ofenderlos, llamándolos testigos sociales, los que bajo las reglas de la transparencia verifican el buen curso de los negocios gubernamentales, de compra o venta de bienes y servicios. No es que sea menor y deshonrosa la función de dichos testigos; es que la mediación es una acción política, no administrativa, que en este caso concierne a bienes más altos que los materiales, que es la integridad física, la libertad y aun la vida de dos personas.
Animados claramente por la buena fe, los miembros de la comisión de mediación llegaron rápidamente al acuerdo de solicitar del EPR el compromiso de suspender sus acciones armadas durante el tiempo que durase la mediación, a lo que se ha atenido esa organización guerrillera. También acordaron prontamente la designación de Carlos Montemayor como su vocero.
Fue un acierto del que nunca dejaremos de gloriarnos, por lo que tampoco dejaremos de lamentar la muerte de Carlos, ocurrida hace apenas tres meses, que se cumplirán el viernes próximo. Ha sido un lapso breve y una eternidad, al mismo tiempo, pues su ausencia es pesarosa, si bien su espíritu anima los trabajos de la Comed. Convencidos de que el Gobierno Federal carecía de interés por lograr el objetivo de esta comisión, sus miembros acordaron disolverla el 29 de abril de 2009. Pero como mantuvieron el compromiso expreso de apoyar los esfuerzos de los familiares de los detenidos-desaparecidos, luego de que en noviembre pasado los hijos de Reyes Amaya y Cruz Sánchez demandaron la reconstitución de la Comed, ésta consumó la decisión de volver a empezar el 11 de enero pasado.
Tres días después, Carlos Montemayor publicó el que por desgracia sería el último de sus artículos sobre el tema, en La Jornada. En octubre anterior le había sido diagnosticado el cáncer que finalmente lo llevó a la muerte, pero el gran escritor se sobrepuso a su mal y no cesó de trabajar en pro de esa causa hasta que el lunes 22 de febrero fue internado en el Instituto Nacional de Cancerología, donde estaba siendo tratado, porque un ataque feroz del cáncer lo dejó sin defensa. Murió el domingo siguiente. El jueves anterior su muy querido amigo, el sabio doctor Ruy Pérez Tamayo, en la sesión ordinaria de la Academia Mexicana de la Lengua, había notificado con voz apagada por el pesar la hospitalización de Carlos y anunciado su pronto fallecimiento.
Fue un acierto de la Comed designar su vocero a Carlos Montemayor. Siendo un grupo colegiado, sin autoridad interna, sus acuerdos han sido adoptados por consenso. Pero se requería quién los transmitiera y quién entablara contacto con el Gobierno Federal (pues con el EPR la comunicación se hace a través de los medios). Montemayor asumió esa función con la prudencia y la dignidad que exigía la difícil interlocución con el Gobierno.
Resumía el parecer de la comisión y lo traducía con la claridad y elegancia que caracterizaron su carrera literaria. En los encuentros personales con los funcionarios, sin permitirse un gesto subjetivo era la voz de un grupo que como principio acordó la presencia de todos en los acercamientos con el Gobierno. Pero Montemayor ganó pronto la confianza de los funcionarios y sus compañeros le refrendaron en cada ocasión la que le brindaron desde el principio. Eso propició que en no pocas ocasiones Carlos se reuniera con el equipo de Gobernación y a solas con el secretario o el subsecretario encargado de la materia. Siempre reseñó puntualmente el cossntenido de esos encuentros.
Los mediadores conocían la trayectoria de ese hombre universal que, sin perder un ápice de su integridad, transitaba de hacer comentarios para Televisa a presidir mesas de traductores de lenguas indígenas. En la Comed, la cercanía con él ahondó el respeto que todos le tuvimos.
