El informe quinquenal que el jueves pasado dio el gobernador de Coahuila en Torreón, fue más una exposición de méritos que un acto de rendición de cuentas. La abierta aspiración de Humberto Moreira a contender por la presidencia nacional del PRI -que es un escalón más en su proyecto personal para pelear la candidatura de su partido en la elección presidencial de 2018-, explica su marcada tendencia a la exaltación de sus virtudes y el evidente soslayo que hace de sus deficiencias. En ese contexto, el aplauso condescendiente le satisface, mientras que la crítica -siempre necesaria- le irrita. El culto a la personalidad es su motor, el acto multitudinario del jueves en el Coliseo del Centenario lo pone una vez más sobre relieve. Hace mucho que no se veía en Coahuila un "informe" con tal despliegue y parafernalia.
Es cierto, son innegables los avances que la entidad muestra en materia de obra pública, educación y salud, los tres ejes de su discurso. Pero ante los logros evidentes, siempre la modestia será más prudente que la presunción. Porque a fin de cuentas -y de esto se olvidan todos los políticos, del partido que sea-, cumplir con el trabajo encomendado por la sociedad es su obligación. Para eso les pagamos y ponemos a su disposición nuestro dinero a través de los impuestos. Ningún favor nos hacen. El agradecimiento hacia los gobernantes es, pues, mera adulación; el aplauso, banal lisonja. Por el contrario, señalar lo que se hace mal con nuestros recursos es derecho y deber del ciudadano.
Así como hay avances -sobre los que no abundaré, pues ya han sido repetidos ad nauseam por la propaganda del Gobierno del Estado, también pagada por nosotros-, en Coahuila hay rezagos importantes y asuntos pendientes que no deben dejarse de lado, aunque el titular del Ejecutivo Estatal se empeñe en minimizarlos con la intención de que no maculen sus pretensiones.
Uno de ellos es el nivel de endeudamiento que ha registrado la entidad en el último año. De acuerdo a la información disponible en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda de todo el estado pasó de 1,561.6 millones de pesos en 2009 a 7,749.9 millones a junio de 2010, es decir, 4.9 veces más en tan sólo medio año. Del total, la gran mayoría, 7,429.9 millones de pesos, corresponde a los compromisos financieros adquiridos exclusivamente por el Gobierno del Estado; el resto, apenas 322 millones, corresponde a municipios y organismos descentralizados. Esta última cifra es similar a la de 323.2 millones de pesos, que era la suma de adeudos que la entidad tenía en 2005, cuando Humberto Moreira asumió el cargo de gobernador. Es decir, en cinco años el mandatario coahuilense ha multiplicado la deuda estatal por 23.
Este preocupante nivel de endeudamiento es uno de los motivos principales de que la firma Fitch Ratings haya colocado en observación negativa la calificación de AA (mex), que significa "muy alta calidad crediticia", que tenía el estado hasta el inicio del presente año. "La acción de calificación se encuentra fundamentada en los altos niveles contratados de deuda bancaria de corto y largo plazo tanto del Estado de Coahuila como de sus organismos descentralizados; así como en los cambios en su política financiera en los temas de endeudamiento actual y futuro, y registro contable", argumenta la calificadora internacional en su comunicado emitido en septiembre de 2010.
Hasta el momento, el Gobierno de Moreira se ha negado a ofrecer una explicación sobre el endeudamiento y en no pocas ocasiones ha mostrado su enojo cuando se lanzan cuestionamientos al respecto. Esta renuencia a la rendición de cuentas tiene que ver con otro gran pendiente de la administración estatal: la transparencia. El férreo control político -nocivo para cualquier democracia- que el mandatario coahuilense ejerce en la entidad, le hace creer que no tiene la obligación de explicar a la ciudadanía más de lo que él esté dispuesto a informar. Por ejemplo, aún persisten las dudas respecto al manejo de los recursos del programa "Monedero de la gente" que, frente a los señalamientos hechos y las fallas detectadas, fue sustituido por la "Tarjeta del hogar" sin que hasta la fecha se haya publicado el padrón de beneficiarios. Frente a esta opacidad, no es de extrañar que la empresa de análisis económico y finanzas públicas ARegional coloque a Coahuila en el lugar 21 dentro de la tabla nacional del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal 2010, con un puntaje de 65.7, que lo sitúa en la categoría de los estados con "transparencia baja".
Uno de los mayores motivos de orgullo del gobernador es el volumen de inversión privada que se ha visto durante su sexenio o, mejor dicho, quinquenio. El dato ciertamente es relevante: 7 mil 647 millones de dólares en 161 proyectos, según el V Informe. El problema está en la disparidad en la distribución de dicha inversión. Mientras que la región Sureste (Saltillo-Ramos Arizpe) entre 2006 y 2010 ha recibido 5 mil 238 millones de dólares (68 por ciento) en 96 proyectos (57 por ciento), a la región Laguna (Torreón) han llegado en el mismo lapso sólo 405 millones (5 por ciento) en apenas 27 proyectos (16 por ciento), siendo que ambas zonas poseen un número de habitantes similar. Incluso, la Comarca Lagunera quedó por debajo de otras regiones que cuentan con menor población, como la Centro y la Norte.
Si bien esta desigual distribución de la inversión privada no es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo Estatal, existen factores importantes que sí competen a este nivel de gobierno, como lo son la promoción y la seguridad. Respecto a esta última, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (Imco) establece en su Índice de Competitividad Estatal 2010, que una de las principales debilidades de Coahuila es el aumento de la criminalidad, fenómeno que ha impactado de forma considerable a La Laguna.
La descomposición gradual de la seguridad pública en la región ha coincidido con la administración moreirista, la cual no ha podido establecer una estrategia coherente de combate a la delincuencia y mucho menos de coordinación entre corporaciones, ni siquiera dentro de ellas, basta recordar los altercados que han protagonizado agentes estatales en Torreón. Las cifras hablan por sí solas. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, en cinco años el número de homicidios en el municipio se ha multiplicado por 10: de 33 muertes violentas que se registraron en 2005 se ha pasado a 320 en lo que va de 2010, es decir, un asesinato al día. Otro ejemplo es el robo de vehículos, que también ha crecido desmesuradamente: en 2005 se reportaban 13 delitos al mes en promedio, en 2010 la media mensual es de 197, el 30 por ciento de ellos con violencia.
La seguridad es la mayor deuda que tiene el gobernador con los laguneros. Por eso, suena a ironía la frase que el mandatario pronunció en su discurso el jueves: "(...) a mí me escogieron no sólo para hacer puentes y hospitales, escuelas y carreteras, teatros y parques, a mí me dieron la encomienda de no permitir que nadie, por poderoso que sea, atente contra los coahuilenses". ¿Qué pensarán de esto los familiares de las decenas de jóvenes asesinados en los atentados perpetrados este año a dos bares y un salón de fiestas de la ciudad?
Más allá del aplauso adulador, Humberto Moreira deja un estado con notables avances, sí, pero también con enormes rezagos. Justo es no perder de vista este contraste, como necesario es hacer la crítica para que quien venga a sucederlo, corrija y mejore lo que haya por corregir y mejorar, que no es poco.