Pendiente aún hacer público el rechazo de un tribunal colegiado en materia laboral a la solicitud de amparo del sindicato minero contra una resolución que declara extinta la relación entre su sección 65 y la empresa Mexicana de Cananea, se está lanzando otro obús contra su líder, Napoleón Gómez Urrutia.
La cooperativa "Veta de Plata", que integra a los trabajadores que se consideran afectados al excluírseles del prorrateo de los 55 millones de dólares que integró el Grupo Minera México en un fideicomiso a favor de su planta laboral que sobrevivió a la privatización de Mexicana de Cobre y Mexicana de Cananea, en paralelo a sus filiales Minerales Metálicos del Norte, Zinc de México y Carbonífera Nueva Rosita, está demandando al Ministerio Público que solicitó al juez de la causa la exoneración del líder minero.
De acuerdo a los querellantes ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el representante social se convirtió en defensor oficioso del polémico dirigente laboral en exilio voluntario en Canadá.
Los dardos apuntan concretamente al agente del Ministerio Público del juzgado 51 penal, Domingo Correa Jiménez.
Éste le solicitó al juez de la causa sobreseer las órdenes de aprehensión expedidas contra Gómez Urrutia, al considerar que el sindicato minero agotó exhaustivamente la lista de beneficiarios, con lo que el remanente pasó legítimamente a sus arcas a la extinción del fideicomiso.
No hay, pues, falta alguna del fideicomisario, es decir el Scotiabank, quien heredó la responsabilidad del banco Inverlat a su adquisición, ni tampoco fraude de Gómez Urrutia y demás coacusados.
Así de fácil.
Como usted sabe, los 27 millones de dólares que resultaron de remanente fueron depositados en una cuenta de Bancomer a nombre del sindicato, que al estallido del escándalo fue congelada por la autoridad.
En el camino se documentaron una serie de movimientos a favor no sólo de Gómez Urrutia, sino de sus familiares más cercanos.
De acuerdo al razonamiento, los trabajadores beneficiados con el equivalente al cinco por ciento del capital de Mexicana de Cobre y Mexicana de Cananea al momento de su compra al Gobierno por parte del Grupo Minera México, eran únicamente los que laboraban al 14 de noviembre de 1988, fecha de integración del fideicomiso registrado con el número 9045-2.
En paralelo, se señala que el traspaso del remanente del fideicomiso al sindicato, realizado éste el 22 de octubre de 2004, fue legal, dado que el Comité Técnico aprobó el cambio de reglas.
El dinero, pues, llegó legítimamente a las arcas del sindicato.
Sin embargo, de acuerdo a la óptica de los denunciantes, el alegato del Ministerio Público es "extraño e inusual", dado que su responsabilidad se agotaba al solicitar a un juez la orden de aprehensión correspondiente.
La reversa, pues, es inédita.
De hecho, el 17 de abril de 2009 el propio juzgado, en respuesta a una ejecutoria de amparo del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal, había ratificado su solicitud de orden de aprehensión contra Gómez Urrutia y otros directivos del sindicato minero, al considerar que los argumentos planteados seguían siendo válidos.
Y aunque seis días después Gómez Urrutia promovió un recurso de reconsideración, éste le fue negado.
Más aún, la autoridad judicial rechazó un amparo al ex tesorero del sindicato, Héctor Félix Estrella, al considerarse fundados los argumentos planteados para expedir la orden de aprehensión que lo mantiene en prisión por la misma causa, naturalmente.
Los denunciantes sostienen, además, que fue ilegal la extinción del fideicomiso al no haberse agotados los fines que lo constituyeron.
El reclamo coloca en la encrucijada el caso de cara a las acusaciones de Gómez Urrutia y demás de que se trata de una persecución feroz en su contra por parte del Gobierno.
¿Hay consigna contra el líder para llevarlo a la cárcel tope en lo que tope?
Del otro lado de la moneda, empero, se debate si el Gobierno está dispuesto a combatir con todo, tope en lo que tope, las prácticas corruptas del viejo sindicalismo... empezando por "Napo".
Finalmente dos de los tres magistrados que integran el Décimo Tribunal Colegiado de Primer Circuito frenaron la posibilidad de debatir la resolución planteada por el presidente de éste, Víctor Hugo Díez Arellano, en que se rechaza una solicitud de amparo de Televisión Azteca contra las disposiciones de una asamblea de accionistas de la Televisora del Valle de México convocada en septiembre de 2005 con el aval de la autoridad.
La exposición de motivos para solicitar la protección de la justicia hablaba de que los convocantes no tenían derecho de llamar a la sesión. Peor aún, hete aquí que la firma del principal de ellos, Javier Moreno Valle, fue falsificada.
El caso es que el 29 de enero pasado Televisión Azteca pidió a la Suprema Corte de Justicia atraer el asunto, dada su trascendencia nacional.
El freno de los magistrados, pues, obedece a esperar si el órgano accede a la petición.
Lo curioso del caso es que hasta hace unas semanas estaba listo un proyecto de resolución, elaborado éste por el magistrado Gilberto Chávez Pliego, en el que se le daba la razón a Televisión Azteca.
El proyecto inexplicablemente fue desechado.
Lo cierto es que en el horizonte se advierte la mano negra de la cacique del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, quien por aquellas cosas raras de la vida se ha aliado a Moreno Valle.
RESPIRO A LA CÓMER
En lo que representa uno menos de sus dolores de cabeza, la cadena de tiendas Comercial Mexicana logró finalmente la aceptación de los tenedores de Certificados Bursátiles, cuya redención omitió en su tiempo la emisora alegando insolvencia, para canjearlos por una nueva serie... a vencerse en cinco años.
De lo perdido, pues, lo que aparezca.
El monto de la emisión original fue por mil 500 millones de pesos, asumidos los papeles en su mayoría por pequeños inversionistas a los que se les colocó de espaldas a la pared.
La nueva colocación se realizará el próximo dos de marzo.
PELIGRO MORTAL
La aparición de una colosal mancha de hidrocarburos en una calle de San Pedro Tlaquepaque reavivó la alarma de los habitantes de Guadalajara frente al peligro que representa el gasoducto de 14 pulgadas que cruza zonas densamente pobladas.
La presión obligó a desempolvar un estudio del Instituto Batelle Memorial realizado hace cuatro años, en el que se recomendaba el cierre inmediato de la tubería, dado el peligro latente de explosiones.
El diagnóstico fue analizado por Pemex Gas y Petroquímica Básica, alcanzando la misma conclusión.
De hecho, el documento en que se recomienda cerrar la terminal de abastecimiento y distribución del ducto Zapopan y por ende cancelar el gasoducto, habla de un "impacto catastrófico" para Pemex.
