Daniel Karam, director del IMSS, señaló el paso miércoles al rendir su informe ante la CI Asamblea General Ordinaria, que la institución enfrenta una crisis financiera que pone en riesgo en el corto plazo la "capacidad para atender las necesidades de servicios de nuestra derechohabiencia"; y detectó con precisión y certeza que el principal problema tiene que ver con el gran déficit (que equivale a 45 puntos porcentuales del PIB) entre el costo de la prestación de los servicios médicos y lo que el Instituto percibe por concepto de cuotas obrero-patronales por el Seguro de Enfermedades y Maternidad.
Dejó claro que el problema es que las cuotas obrero-patronales son insuficientes para cubrir los gastos que la prestación de los servicios de salud de los derechohabientes genera. Parte del problema se provoca con la reforma de 1997, cuando se crean las Afores para descargar al IMSS de su responsabilidad de cubrir las pensiones de los trabajadores, y que también redujo las cuotas obrero-patronales en 33% e incrementó la aportación del gobierno del 0.2% al 0.8% del PIB.
En julio de 2004, cuando se discutía la reforma al Sistema de Pensiones de los trabajadores del IMSS, en un artículo publicado en La Jornada, el entonces diputado perredista y ex director del IMSS, Ricardo García Sainz, señalaba: "Es urgente restituir las contribuciones de los sectores a los niveles que tenían antes de la reforma de 97, lo que garantizaría la eficaz y oportuna prestación de los servicios y la inversión necesaria para contar con la infraestructura mínima, así como recuperar los avances tecnológicos."
Este es el principal problema: la falta de recursos para atender las necesidades de salud de la población mexicana. El último informe sobre salud de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a las 31 naciones con mayor desarrollo económico, muestra que México es el país que menos gasta, en proporción de su Producto Interno Bruto, pues únicamente destina el 5.9%, cuando el promedio es de 9%. Y, por si eso fuera poco, la mayor parte (el 3.1% del PIB) la aportan los particulares y el gobierno únicamente contribuye con el 2.8% restante.
En números absolutos, en 2008 -último año para el que se tienen reportes- el gasto anual por persona en México fue de 852 dólares contra 3,060 dólares que gastaron en promedio los países incorporados a la OCDE. Este bajo gasto se traduce en rezagos en infraestructura hospitalaria, camas y equipos de diagnóstico. Entre los ejemplos que menciona el informe se encuentra que mientras los países de la OCDE cuentan en promedio con 12.8 equipos de resonancia magnética por cada millón de habitantes; en México es únicamente de 1.5 aparatos.
Las pensiones son un problema en México, como en todo el mundo, pero contrario a lo que se señaló tras la reforma aprobada en diciembre de 1995, para entrar en vigor el 1 de julio de 1997, la misma no sanearía las finanzas de la institución, mucho menos cuando -como apuntaba en este mismo espacio en marzo de 2007- "de acuerdo a diversos estudios actuariales (corridas realizadas por expertos para pronosticar la pensión que recibirán los trabajadores con las aportaciones que realizan, las tasas de interés y los años de trabajo) las Afores únicamente cubrirán el 20% de las pensiones, es decir, el 80% de los jubilados recibirán la pensión mínima garantizada, pues los recursos que acumulen los trabajadores en su vida laboral no permitirán cubrirles pensiones superiores a un salario mínimo." Vale la pena recalcar que la pensión mínima garantizada la cubre el gobierno, no las Afores.
Tampoco atendía el problema de fondo la reforma de 2004, donde lo que se modificó fue el Sistema de Pensiones de los trabajadores del mismo IMSS, pues como también indiqué en este mismo espacio en julio de ese año: "Se aduce que el problema del IMSS es que en estos momentos se tiene que tomar del Seguro de enfermedades y maternidad para cubrir las pensiones de los 120 mil jubilados del IMSS, por lo cual se plantea un nuevo régimen de pensiones para tratar de resolver este problema, sin embargo, nada más alejado de la realidad, pues lo que se establece en la iniciativa impactaría la economía de la institución hasta dentro de 28 años, cuando haya que pagar las pensiones de quienes empiecen a prestar sus servicios en dicha institución después de que se aprueben las reformas."
Y eso también lo reconoció Karam, el miércoles pasado, cuando señaló: "...el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los propios trabajadores del Instituto que fueron contratados antes de 2008, implica una presión financiera equivalente a casi 11 puntos del Producto Interno Bruto (PIB)."
El problema está muy bien focalizado, más allá de las pensiones (cuyo impacto sobre las finanzas institucionales puede hoy calcularse con plena certeza tras las reformas de 1995 y 2004) lo que hay que atender es que "los ingresos que, por ley, se obtienen para solventar el gasto de los seguros médicos" son deficitarios por el equivalente a 45 puntos porcentuales del PIB. Para solventarlo únicamente hay dos opciones: aumentar las cuotas obrero-patronales o sufragarlo con el presupuesto público federal, esperemos que no se pretenda nuevamente cargarle el costo a los trabajadores y sus familias.
