C Omo la ropa, los discursos de tanto usarse también se acaban... y, sobra decirlo, el tejido del discurso del "diálogo para el acuerdo" se ve bastante luido.
Vale la consideración porque si, en verdad, el presidente Felipe Calderón pretende llamar de nuevo a emprender las reformas estructurales, es menester salir de la cantinela de apelar a la buena voluntad de los actores involucrados como también del largo listado de los grandes pendientes nacionales.
Esa nueva convocatoria debe acompañarse de actos y decisiones de Gobierno que repongan en algo la confianza en la voluntad presidencial y reducir el abanico de reformas a partir de una orden de prioridades. Conviene abandonar la idea de que todas las reformas son igualmente importantes, a todas deben abocarse todos y todas deben hacerse al mismo tiempo. Ese modelo ha fracasado.
Si no se cambia ese discurso, la posibilidad de esas reformas nacerá muerta. Se hará -como de hecho ya se hizo- una convocatoria igual a las anteriores, sin la intención de que sea realmente atendida. Será la convocatoria al diálogo, desde el monólogo reiterado sin posibilidad de convertirse en práctica política.
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Si, en verdad, se quiere ver hacia adelante y construir futuro, el discurso debería llamar al diálogo poniendo sobre la mesa acciones y actos de Gobierno contundentes que avalen y acrediten el propósito de emprender reformas en la dirección que se presume.
Actos, decisiones y acciones de Gobierno que sustancien, en serio, el propósito de consolidar la democracia, fortalecer el Estado de derecho y modernizar la estructura jurídica en favor del desarrollo económico. Si, como dijo Fernando Gómez Mont antes de irse, "hoy es impostergable precisar qué instituciones queremos preservar, cuáles hemos de reconstruir, cuáles modernizar, cuáles otras abolir y cuáles nuevas crear", la administración tiene que fijar postura frente a varias de ellas.
Particularmente es preciso conocer con claridad qué pretende el Gobierno frente a institutos y comisiones que, a pesar de contar con el respaldo, apoyo, impulso y defensa de distintos sectores de la sociedad civil, parecieran no estar en su ánimo. Entidades de reciente cuño frente a las cuales el Gobierno ejerce presión, por encima o por debajo de la mesa, pretendiendo limitar y vulnerar sus facultades o su función. ¿De qué instituciones se trata?
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Comisión Federal de Telecomunicaciones. Al Gobierno calderonista no lo tienen satisfecho las facultades y el estatuto de esa institución.
El nombramiento de Mony de Swaan como comisionado, y su inmediata "elección" como presidente de esa entidad, es un dechado de cinismo y autoritarismo. El mensaje enviado: esa Comisión debe ser apéndice de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no otra cosa.
La inexperiencia del flamante comisionado-presidente viola a todas luces los requisitos fijados por la Ley para ocupar el cargo y su cercanía con el secretario Juan Molinar sepulta cualquier noción de independencia y autonomía. A la violación de la Ley, se sumó el agravio.
Si no cree el Ejecutivo en esa Comisión, que proceda entonces, asumiendo los costos, a buscar su desaparición pero que no practique el juego de cubrir las apariencias. Si cree en ella el Ejecutivo, no cabe entonces más que la renuncia de Mony de Swaan a la Comisión.
Si, en verdad, se quiere fortalecer el Estado de derecho y modernizar la política, no checa lo hecho en esa Comisión. Hay que mandar esa señal.
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cree, respeta y promueve los derechos humanos la administración y quiere dar lucha contra el crimen sin sacrificar esos derechos, entonces falta una disculpa pública por escrito de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No importa el cambio de titular, sí la institucionalidad.
Llamar "tontos útiles" del crimen a quienes, por mandato o convicción, defienden los derechos humanos revela algo más que un espíritu antidemocrático. Si aquello fue un exabrupto, éste no se corrige con un "me-mal-interpretaron". El agravio exige una satisfacción hecha con toda formalidad. Ayudaría al nuevo titular ese gesto.
Si no cree el Ejecutivo en esos derechos y menos aún en el órgano encargado de procurarlos, debe promover su desaparición. Pero si, como se dice, la pretensión es crear una nueva atmósfera para emprender el diálogo por el acuerdo y las reformas que el país exige, entonces, es menester tener una señal de respeto a los derechos humanos y de consideración con el ombudsman nacional.
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Instituto Federal de Acceso a la Información. ¿Se está o no favor de ese derecho?
Se requiere la definición del Ejecutivo porque de la tentación de reformar la Ley constitutiva de ese órgano para acotarlo y vigilarlo a la apertura del desacreditado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para impugnar las resoluciones de ese instituto hay una minúscula diferencia que no cambia el despropósito de achicar al IFAI y limitar un derecho caro a la ciudadanía. Ante ese instituto se han mandado reiteradas señales de insatisfacción.
Si el Ejecutivo cree en el derecho a la información y en el instituto que lo procura, lo conducente es retirar los recursos de la Procuraduría y del SAT pidiendo la nulidad de las resoluciones del instituto que, por ley, son definitivas. Forzar la ley o reformarla para limitar derechos no avala la idea de llamar al diálogo para fortalecer el Estado de derecho ni consolidar la democracia.
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Secretaría Técnica para la Implementación de las Reformas Constitucionales sobre Seguridad y Justicia. Como si la aceptación de la reforma judicial no supusiera la necesidad de implementarla, se ha mandado la señal de indiferencia o desinterés en concretarla.
Pese a la inminencia del establecimiento de los juicios orales, ésta es la hora en que todavía se regatea la concreción de esa reforma y, de ese modo, se le vulnera. Ahí también se requiere una definición del Poder Ejecutivo. Se está o no con esa reforma y, a partir de ello, actuar en consecuencia.
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Si, esta vez, el diálogo al que el Gobierno convoca va en serio, es menester acreditar esa supuesta voluntad de consolidar la democracia y fortalecer el Estado de derecho a partir de señales claras de rectificación para retomar ese rumbo.
Si no es así y, de nuevo, se convoca al diálogo desde el monólogo en búsqueda del sometimiento a los propósitos fijados anticipada y unilateralmente, ni caso tiene gastar tiempo en simular que se quiere algo distinto a lo que se ha venido haciendo.
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