En afán de ofrecer una pincelada color de rosa frente a la catarata de críticas, en su reciente comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, señaló que hasta junio pasado se había ejercido el 90 por ciento del presupuesto para obra pública del periodo
Se diría, pues, que por primera vez en la era del Gobierno panista se alejaba el fantasma del subejercicio de recursos tradicionalmente detonantes de la reactivación económica del país.
Sin embargo, el gozo se fue al pozo horas después, al desmentir la Secretaría de Hacienda el dato. Al primer semestre del año sólo se ejerció el 26 por ciento del gasto de inversión en materia de carreteras, presas, libramientos, hidroeléctricas, edificios públicos.
El reflejo más nítido del brutal subejercicio, en un escenario en que la esperanza ubicaba el gasto como puntal para la recuperación, es el crecimiento negativo de la industria de la construcción, que hasta junio pasado arrastraba tres por ciento, tras haber cerrado el 2009 con un patético 9.2.
Detrás del más de lo mismo, empero, existe un atenuante: la falta de reglas que agilicen el otorgamiento de contratos y le abran la puerta a empresas nacionales pequeñas y medianas para participar del pastel.
De pronto, por ejemplo, aparece en escena un patético peloteo entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la Secretaría de la Función Pública para afinar un Anteproyecto por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de obra pública y servicios relacionados con la misma.
La manzana de la discordia es la oposición de la Asociación de Compañías Afianzadoras de México (Afianza), que encabeza Enrique Munguía Puzzi, frente a la reducción de las garantías de cumplimiento exigidas a los contratistas, cuyo monto máximo, de acuerdo a la propuesta, sería el equivalente al 10 por ciento del valor del contrato, lo que implica una reducción del 50 por ciento.
La razón, lo adivinó usted, es que entre menos exigencias menos contratación de fianzas.
Sin embargo, el asunto no es tan simple, dado el equilibrio reclamado entre lo que podría ser un incentivo para mayor participación en los concursos, y la garantía de que los contratos sean cumplidos.
A juicio, pues, de Afianza, la Secretaría de la Función Pública se fue al otro extremo en afán de laxitud, dado que no se formulan criterios para determinar el grado de cumplimiento de contratos de proveedores y contratistas, ni la mecánica para calcular su solvencia.
Adicionalmente, tampoco se señala con precisión cuáles conceptos se deberán considerar para que un contratista tenga derecho a recibir el beneficio de la reducción de garantías, por más que se maneja una escala de puntos.
Digamos que si un contratista ha cumplido exitosamente una serie de contratos, alcanzaría 100 puntos, es decir el derecho a reducirle 50 por ciento de las garantías. Sin embargo, ¿qué pasaría cuando se le otorgue un contrato 20 veces mayor a los recibidos?
El caso es que planteada la inconformidad del organismo privado a la SFP, ésta no quiso ceder un ápice, aduciendo que la posibilidad de reducción en las garantías está prevista en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En paralelo, aduce que utilizar criterios para discernir hasta dónde una empresa puede ser beneficiada con la reducción de garantías llevaría a un escenario de discrecionalidad de los funcionarios públicos, lo que provocaría un efecto contrario al que se pretende.
Dicho con todas las letras, sí es válido el llamado "Manual de cumplimiento razonable".
El caso es que entre la insistencia de Afianza, la remisión de la inconformidad por parte de la Cofemer a la Función Pública, y el rechazo de ésta, se han ido las semanas y los meses.
El peloteo se inició en junio pasado.
Y aunque el episodio podría caer en el estricto terreno anecdótico para ilustrar la incapacidad del Gobierno, el caso es que la semiparálisis en la obra pública está frenando ya la incipiente recuperación económica del país.
Lo cómico, pues, se vuelve trágico.
En lo que constituye un capítulo más del extenso libro negro de Petróleos Mexicanos, hete aquí que la empresa negoció en los sótanos un "arreglo" con Mexicana de Lubricantes, en la que participa como socio minoritario, para capitalizarla.
Dicho con todas las letras, la firma productora de aceites y lubricantes de capital mixto permanecerá en la escena, a contrapelo de las 46 demandas que interpuso en su contra la paraestatal.
De entrada, se restituirá el contrato de suministro que representaba la columna vertebral de la compañía, cuyo socio mayoritario es Mexicana de Lubricantes de Salvador Martínez Garza, ex dueño del equipo de futbol Guadalajara.
A quién le importa si tras su privatización parcial la firma que facturaba 200 millones de dólares y era considerada una de las joyas de la corona de las empresas públicas, empezó a registrar pérdidas, que según sus estados financieros que ocultó durante años, ascienden a 560 millones de pesos.
A quién le importa si se le concedieron todas las ventajas, entre ellas la exclusividad en la venta de sus productos vía la red de gasolineras de Pemex, o el otorgamiento a título gratuito de la misma marca Mex Lub.
Una raya más al tigre.
TRAPITOS AL SOL
De atender el Instituto para Protección al Ahorro Bancario el requerimiento de la Comisión Permanente del Congreso para transparentar la enajenación de Cintra, que en su momento llegó a integrar a Mexicana de Aviación y Aeroméxico, necesariamente saldría más de un trapito al sol.
De entrada, por ejemplo, saldría a la luz que una firma chilena, Lan Chile en específico, ofrecía seis tantos más de lo que pagó el grupo hotelero Posadas por la primera empresa, cuyo rechazo provocó la renuncia del entonces presidente de la integradora, Rogelio Gasca Neri, a quien sustituyó Andrés Conesa Labastida.
Más allá, por qué se rechazó la oferta del propio Posadas, es decir Gastón Azcárraga Andrade, de 200 millones de dólares por Aeroméxico, y se descalificó a un grupo de inversionistas liderado por Moisés Saba Masri, para favorecer a Banamex.
GANAN LOS GENÉRICOS
En reflejo nítido de la situación económica del país, hete aquí que los productos genéricos le están ganando de calle la pelea a las medicinas con patente vigente.
Digamos que la población que recibe una receta médica prefiere buscar alternativas a los medicamentos prescritos, vía los que agotaron su posibilidad de aplicación de una patente.
De acuerdo a un estudio ("El mercado de Genéricos en México"), elaborado por la firma IMJ Health que encabeza Hicten Valle, seis de cada 10 medicinas que se venden en el país corresponden al renglón de genéricos.
En paralelo, el 76 por ciento de las adquiridas por el sector salud son genéricos.
BRASIL HASTA 2011
Finalmente, será hasta el año próximo cuando el Gobierno inicie formalmente la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Brasil, al que se han opuesto 15 ramos industriales.
De acuerdo a la Secretaría de Economía, previamente se hará una consulta entre las empresas para diseñar la estrategia.
Por vacaciones de su autor, esta columna reaparecerá el próximo ocho de septiembre.
