Pasaron tres meses y nada. Seis meses más y tampoco. Finalmente llegó el primer año de gobierno de Barack Obama y la reforma migratoria tan prometida sigue en el aire, prácticamente en el olvido.
Hubo desencanto entre los líderes hispanos y en especial entre los activistas porque la reforma fue minimizada por el presidente Obama durante su reciente informe anual.
Sin embargo, todavía no entendemos el motivo de la decepción ni por qué la comunidad inmigrante se ilusionó tanto con las promesas del entonces candidato demócrata.
Antes de llegar a la Casa Blanca, Obama jamás había viajado a América Latina y sus conocimientos sobre la frontera con México y la inmigración eran muy básicos.
Además los demócratas son por tradición alérgicos a la inmigración, ya que los líderes sindicales de ese partido piensan que abrir fronteras es igual a quitar oportunidades de empleos para los norteamericanos.
Por ello resultaba más lógica la propuesta de reforma migratoria del candidato republicano John McCain, quien conoce mejor el problema por ser residente de Arizona y porque en el pasado presentó junto al fallecido senador Ted Kennedy, una iniciativa sensata que lamentablemente no traspasó los intereses conservadores en el Congreso.
Pero eso es ya harina de otro costal.
Los grupos activistas han iniciado en las últimas semanas una nueva ofensiva para presionar por la reforma migratoria a través de marchas, cartas y cabildeo con los legisladores norteamericanos.
Para mala suerte los tiempos han cambiado y una vez más la posibilidad de legalizar la estancia de doce millones de indocumentados en Estados Unidos se observa remota.
Tendrán que ocurrir al menos tres grandes cambios para que los políticos se atrevan a lanzar y aprobar una Ley como la Simpson-Rodino que en la época del presidente Ronald Reagan logró legalizar más de tres millones de personas.
El primer gran cambio es la economía. Llueve, truene o relampaguee será harto complicado reconocer a millones de indocumentados en Estados Unidos mientras el desempleo supere el 10 por ciento y la economía no mejore de manera sustantiva.
El mejor momento fue antes del fatídico septiembre 11 del 2001 cuando la economía crecía de manera importante y la necesidad de mano de obra era imperiosa.
Segundo gran cambio es la mentalidad de los grupos conservadores norteamericanos cuya influencia en el Congreso es decisiva. Las organizaciones hispanas y de otras etnias de inmigrantes están obligadas a convencer con hechos concretos sobre los beneficios que una legalización masiva traería a la sociedad norteamericana.
No bastan las marchas ni las protestas, hay que manejar datos y proyecciones de cómo mejorará la economía cuando se incorporen los indocumentados a la fuerza laboral.
Al aprobarse la reforma migratoria millones de inmigrantes saldrán de la oscuridad para adquirir un auto, una casa e incluso para instalar legalmente un negocio. Esto provocará un repunte económico en muchos sectores y regiones de la Unión Americana. Pero hay que explicarlo de manera profesional para convencer a los legisladores.
Finalmente el tercer gran cambio debe venir de los países expulsores de inmigrantes. Si México y otros países latinoamericanos, africanos o asiáticos, no ponen de su parte para reducir los flujos migratorios, Estados Unidos se resistirá a la reforma.
En México urgen empleos estables y revitalizar sectores clave como la agricultura para reducir el flujo de inmigrantes. El TLC y las políticas neoliberales tronaron al campo y a otros sectores que ahora expulsan jornaleros a la Unión Americana.
Los subsidios, precios de garantía y otros apoyos al campo, se aplican en casi todos los países del mundo y son vitales para las economías regionales.
Mientras no se concreten estos cambios seguirán las promesas, las buenas intenciones y la demagogia en torno a una reforma al tiempo que millones de indocumentados sufrirán las consecuencias de vivir en las sombras y bajo la constante amenaza de ser deportados.
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