Protesta. Una mujer participa en una protesta contra el encarcelamiento de 7 mujeres 'por causas de aborto'. EFE
EL UNIVERSAL
Las representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, María Luisa Bascur y Luisa Pérez, investigan en Guanajuato la situación de las siete mujeres encarceladas por homicidio en razón de parentesco, que según organizaciones civiles sufrieron abortos involuntarios.
En tanto, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Laura Carrera Lugo, se reunió con el procurador Carlos Zamarripa para verificar los procesos legales aplicados a las mujeres.
María Luisa Bascur y Luisa Pérez acudieron con el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), Gustavo Rodríguez Junquera, quien les ofreció los expedientes de seis mujeres sujetas a condenas de 25 años de prisión.
En un comunicado, la PDHEG informó que las representantes de las Naciones Unidas recibieron una explicación sobre el expediente de queja que promovió la diputada federal Leticia Quesada Contreras (por la criminalización de las mujeres a causa de la interrupción del embarazo).
"Se está llevando a cabo una investigación profunda sobre los hechos, y sí encontramos alguna violación a los derechos humanos de estas mujeres, lo señalaremos", garantizó Rodríguez Junquera.
Dentro de las investigaciones, la PDHEG entrevistó a las mujeres, "se pidieron informes generales a cuatro funcionarios del Gobierno Estatal, se solicitaron los expedientes de las detenidas al Poder Judicial del Estado y se obtuvieron otras testimoniales sobre el caso", detalló el ombusdman.
Rodríguez Junquera señaló que el estudio de los peritajes sobre los procesos penales de las mujeres serán parte determinante en las resoluciones de la institución.
María Luisa Bascur y Luisa Pérez dijeron que como representantes de las Naciones Unidas se consideran aliadas naturales de esta Procuraduría de los Derechos Humanos, generándose así un canal natural de comunicación entre ambas instancias.
A su vez, la comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres informó que buscará un acercamiento con las seis reclusas y harán una investigación sobre la actuación de los jueces que las condenaron a 25 o 30 años de prisión.
