El Tribunal Supremo español dio ayer el paso definitivo para sentar al juez Baltasar Garzón en el banquillo de los acusados por su fallida investigación de los crímenes del franquismo.
El alto tribunal ordenó la apertura de juicio contra Garzón por una presunta prevaricación, el delito de dictar a sabiendas una resolución injusta. El juez que puso contra las cuerdas al ex dictador chileno Augusto Pinochet e investigó crímenes de lesa humanidad en Argentina está a punto de ser suspendido cautelarmente de sus funciones en la magistratura.
La decisión, que ya no admite recurso, llegó sólo un día después de que Garzón solicitase un período sabático de siete meses para incorporarse como asesor externo a la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, en Holanda.
Aunque en principio el juicio no se celebrará hasta septiembre, la inminente suspensión de Garzón, que se debatirá mañana, podría complicar su salida a La Haya.
El magistrado del Tribunal Supremo que ha instruido la causa de Garzón, Luciano Varela, rechazó los últimos recursos de forma presentados por la fiscalía, que se oponía al procesamiento de Garzón.
Con la apertura de vista oral, Varela culmina la acusación contra el juez más famoso de España, iniciada hace un año en una querella presentada por el sindicato conservador de funcionarios Manos Limpias.
Garzón se ha resistido a dimitir o renunciar a su plaza en la Audiencia Nacional española, pero el martes pidió un traslado a La Haya, probablemente con la idea de evitar el mal trago de verse suspendido en sus funciones después de años de trabajo y prestigio.
