En afán de urgir al Gobierno a cumplir los requisitos exigidos por la Federal Aviation Agency de los Estados Unidos para evitar la degradación a la categoría tres de la seguridad en los vuelos que despegan del país, un grupo de organismos empresariales de Cancún publicó un desplegado dirigido al presidente Felipe Calderón.
Como usted sabe, en agosto pasado la propia agencia degradó al país a la categoría 2, lo que en términos prácticos implica que las líneas aéreas nacionales no puedan utilizar códigos compartidos, es decir, la posibilidad de vender boletos de otras empresas para volar a los Estados Unidos.
De bajar al siguiente escalón, ningún avión nacional, sea privado, comercial u oficial, podría volar al país de allende el Bravo.
Imagínese usted la dimensión de la tragedia.
El caso es que la propia Federal Aviation Agency le dio un plazo de seis meses al Gobierno Federal para volver a soltar la guillotina, de no cumplirse con las exigencias colocadas en la mesa.
Estamos hablando de transparentar los nombres y las ubicaciones de aproximadamente 600 pilotos que cursaron estudios en una escuela no certificada por la Dirección General de Aeronáutica Civil.
La paradoja del caso es que fue el propio Gobierno quien se metió por voluntad propia en el pantano.
La historia, a la que alude ayer el desplegado firmado por el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, la Canacintra y la Canaco local, se la contamos hace algunas semanas en este espacio.
Hete aquí que tras las dudas surgidas en la opinión pública sobre si fue un simple accidente o un atentado por parte de la delincuencia organizada el avionazo que le costara la vida al entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño y algunos funcionarios de la dependencia, el que fuera secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, solicitó un peritaje que resultara irrefutable.
El elegido para realizarlo fue justo la Federal Aviation Agency de los Estados Unidos. La indagación reafirmó la teoría de la dependencia de que no hubo sabotaje ni ataque con algún misil, bomba o artefacto explosivo contra la nave Lear Jet.
El desplome de ésta en plena avenida de Las Palmas y Periférico, en cuyo estruendo se provocó la muerte de varios civiles y la destrucción de decenas de vehículos, se debió a un error humano.
Dicho con todas las letras, el piloto tuvo la culpa por su falta de pericia, en un escenario en que se encadenó a la propulsión de un gigantesco avión transoceánico en ruta de aterrizaje al aeropuerto Benito Juárez de la capital del país.
El dictamen hablaba de que el piloto al servicio de la dependencia había estudiado en una escuela no certificada, que según ello había expedido por lo menos 600 licencias previas.
Bajo ese panorama, la Federal Aviation Agency le exigió al Gobierno de México la exhibición de la lista de egresados y la ubicación de cada uno de ellos, ya en líneas aéreas comerciales como en empresas privadas o dependencias públicas.
El plazo para entregar los datos era de seis meses, que vencieron en febrero pasado.
El hecho es que concluido éste no había respuesta del Gobierno, lo que motivó una amenaza de degradación a la categoría dos del programa International Aviation Safety Asessmet, bajo el cargo de no cumplir con las normas de seguridad dictadas por la International Civil Aviation Organization. El amago lo logró conjurar una llamada del presidente Felipe Calderón a la Casa Blanca.
Sin embargo, se instrumentó la guillotina para caer a los seis meses siguientes... con la novedad de que tampoco hubo respuesta.
La razón es simple: el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, estaba más preocupado en defenderse de las acusaciones de responsabilidad indirecta en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, que provocó la muerte de 49 niños, que en atender sus responsabilidades.
De hecho, hizo vereda en la ruta de la dependencia hacia la Secretaría de Gobernación y de ahí a la Suprema Corte.
Ahora que la tercera llamada para llevarnos al peor de los mundos se agota en febrero del año próximo.
De acuerdo al desplegado firmado además por asociaciones de hoteleros, restauranteros, clubes vacacionales y aun organizaciones obreras del paraíso del Caribe mexicano, de no recuperar rápidamente el país el grado de categoría uno, "el golpe a la economía nacional sería irreparable", conminando al presidente "a evitar una situación que resultará en una severa crisis que afectará sobremanera a México".
Naturalmente, el panorama se volvió más sombrío tras la salida del aire de Mexicana de Aviación.
Lo inaudito del caso es que el tema, pese a la gravedad de la amenaza, no haya saltado en la accidentada comparecencia de hace unos días del titular de la SCT ante comisiones de la Cámara de Diputados.
¿Nos esperamos a enero para apretar la pinza?
BALANCE GENERAL
La posibilidad de pasar del dicho al hecho en la compra de Mexicana de Aviación por parte del grupo de inversionistas que lideran el director general del grupo IXE, Enrique Castillo Sánchez Mejorada y el presidente del grupo hotelero Presidente, Ángel Lozada, la atora un obstáculo imposible de remontar.
Estamos hablando de la exigencia de que los trabajadores de vuelo y de tierra acepten una liquidación equivalente al 14 por ciento de lo que les correspondería por Ley, soslayando, de paso, el basarse en el Contrato Colectivo de Trabajo. La pretensión es despedir al 75 por ciento de los ocho mil empleados.
De hecho, la propia Secretaría del Trabajo, a contrapelo de la decisión del Gobierno de que la línea aérea volviera al aire, estaría imposibilitada de avalar tal absurdo.
La posibilidad, pues, de que Mexicana regresara al amanecer de diciembre es totalmente incierta.
DEDO EN EL RENGLÓN
Quien planteó la denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación por el daño patrimonial de casi cinco mil millones de pesos al país que representa la entrega del título de concesión para operar una red nacional de telefonía celular al binomio Nextel-Televisa pagando sólo una contraprestación inicial de 180.3 millones de pesos, fue Iusacell.
En una ofensiva total, firme el dedo en el renglón, la filial del Grupo Salinas amplió además una denuncia contra el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, en paralelo a la presentación de dos querellas penales contra éste y el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan. Por lo pronto, el órgano dependiente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados abrió una auditoría extraordinaria sobre las telas y entretelas de la licitación 21.
OTRA VEZ CRUZ AZUL
El atentado contra la casa del director Comercial de la Cooperativa Cruz Azul, Alfredo Álvarez Cuevas, revivió el penoso caso en que se encuentran los directivos de la cementera, encabezados por el hermano de éste, Guillermo Álvarez Cuevas, y su cuñado Víctor Garcés.
La intimidación llegó justo cuando la empresa Deloitte confirmó que la firma había recibido pagos indebidos por la contratación de pólizas de seguros.
El monto fue de 24 millones de pesos.
La firma plantea además un conflicto de interés del encargado de administrar los seguros, Carlos Terroba Wolf.
