Veinticuatro horas antes de la entrega del paquete económico para el 2011, cuyo marco toral lo constituyen los Criterios de Política Económica, la columna vertebral de éstos, es decir la apuesta de crecimiento económico, ya había sufrido su primera modificación.
Planteado un pronóstico de cuatro por ciento, la noche previa el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, había reducido la expectativa a 3.8 en un "chat" con usuarios de Internet.
El titubeo del titular de las finanzas públicas, al que se le perfila como aspirante panista a la silla presidencial, llega en una coyuntura en que el PRI había señalado que las cuentas de la dependencia se hacen sobre la base de latidos, premoniciones y augurios, en lugar de números duros.
El primer tache, pues, en un escenario en que la tónica del gran debate que se inicia hoy será la confrontación con los sofismas del Gobierno Federal. De entrada, si realmente el país se iría al desastre si, como lo empuja el PRI, se reduce un punto el Impuesto al Valor Agregado.
La merma en el ingreso público sería de 35 mil millones de pesos, es decir apenas un granito de arena de lo que ha crecido el gasto corriente del Gobierno Federal con los gobiernos panistas.
Si en el primer año del Gobierno foxista éste, es decir, las erogaciones para sostener el aparato burocrático, se ubicaba en un billón de pesos en el plano nominal, el año pasado alcanzó dos billones 600 mil.
Se ha vuelto lugar común decir que la prosperidad petrolera del inicio del milenio se derrochó en la creación de plazas burocráticas y gastos superfluos.
Dicho con todas las cifras, del 2001 al 2008 el Gobierno se despachó con la cuchara grande en los excedentes presupuestarios, cuyo monto entre el 2001 y el 2005 alcanzó 720 mil millones de pesos y durante el 2005-2008, 505 mil millones.
Del total, 600 mil millones provinieron de un precio por barril de petróleo superior al calculado.
Cuatro quintas partes del monto total se esfumaron en gasto corriente.
Desde otro ángulo, la discusión, frente a un eventual recorte de la tasa del Impuesto Sobre la Renta o la desaparición del Impuesto Empresarial de Tasa Única, se centrará en la capacidad recaudatoria del Gobierno, en un escenario en que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, de un monto de 463 mil 806 millones de pesos en créditos fiscales abiertos por la Secretaría de Hacienda a causantes morosos o fraudulentos, sólo se han recuperado ocho mil 906 millones, es decir el dos por ciento.
Más allá, a contrapelo del clamor empresarial, el Gobierno no ha querido desaparecer los regímenes especiales, las tasas diferenciadas y la colosal gama de posibilidades de deducción fiscal que vuelven simbólica la tributación de los grandes conglomerados, cuya incidencia le impide al Gobierno recaudar 500 mil millones de pesos, equivalentes a casi el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto.
Ahora que la propia Auditoría Superior de la Federación ha hablado de que el desorden con que el Gobierno maneja el gasto público ha facilitado acciones discrecionales, ineficiencia y corrupción.
De hecho, sólo en el 2008 la Secretaría de Hacienda autorizó reasignaciones del gasto por nueve mil 536 millones de pesos a diversas dependencias, entidades y fideicomisos, con el agravante de que para entonces ya no era probable que el gasto adicional fuera devengado o ejercido.
La trampa, naturalmente, apuntaba a ocultar lo que parece el Talón de Aquiles del Gobierno, es decir su incapacidad para ejercer a plenitud el gasto, o si lo prefiere su proclividad a los subejercicios.
Más aún, a la fecha siguen sin justificarse contingencias por 67 mil 500 millones de pesos.
Y aunque el Gobierno ha presumido en los últimos años de un gasto sin precedente en materia social, los resultados no empatan con las erogaciones.
Así, aunque entre el 2006 y el 2008 el presupuesto para programas sociales se incrementó en 38.5 por ciento, y el año pasado en 59.2, el número de pobres se ha multiplicado.
Según el último recuento, en el país había 50.6 millones de mexicanos sin posibilidad de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina ("Panorama Social de América Latina 2009"), durante el 2008 México fue el único país del Hemisferio que empeoró su situación de pobreza.
El problema es que la tendencia es creciente, dada la dramática caída en el poder adquisitivo de la población.
Los precios, pues, crecen a mayor velocidad que los ingresos.
Mientras el salario mínimo había decrecido 5.2 por ciento en términos reales, es decir descontada la inflación, en el 2005, del primero de diciembre de 2006 a abril pasado, el precio del aceite se había aumentado en 125.02 por ciento; el kilo de frijol en 219.04; el de huevo en 89.58; el de arroz en 52.13; el de tortilla en 16.66, y el transporte en 56.
La recopilación la realizó el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Colocadas, pues, las cartas en la mesa, el Gobierno peleará por mantener sus ingresos, en tanto la oposición intentará equilibrarlos, en un escenario en que los trapitos al sol saltarán en catarata.
Examen a título de suficiencia para un Gobierno con etiqueta de fallido.
BALANCE GENERAL
Aunque en el papel Mexicana de Aviación tendría suficientes activos para enfrentar una eventual reestructura de sus pasivos, lo cierto es que el deterioro de las últimas seis semanas coloca a la línea aérea el borde del nocaut.
De entrada, su principal tesoro, es decir el valor de la marca, se fue al suelo al dejar varados a un millón de usuarios que habían comprado boletos para los próximos seis meses, lo que representa una contingencia de dos mil millones de pesos.
Más allá, su efectivo en caja, calculado originalmente en mil 506 millones de pesos, se redujo a sólo 328 millones.
Y si le seguimos, el pasivo laboral incrementó sus números rojos en dos mil millones.
El alud, pues, a querer no, sepultará a los acreedores, por más que el Gobierno pudiera recuperar los mil millones que se le adeudan de impuestos.
OTRA VEZ CADEREYTA Aunque en principio se esboza la posibilidad de un posible sabotaje o un caso más de negligencia de los trabajadores, en realidad la investigación sobre la explosión en la refinería de Cadereyta, Nuevo León, debe extenderse hasta la modernización y reconfiguración de las plantas.
El punto más afectado es la coquizadora, es decir la planta que permite convertir los residuos de petróleo en combustibles para uso industrial, cuya construcción representó el mayor conflicto con el consorcio coreano Comproca, autor de las obras.
De entrada, aunque la coquizadora estaba en el contrato, los coreanos se negaron a construirla, lo que obligó a cederle los trastos al grupo Tribasa en principio, y al grupo ICA a continuación ante la incapacidad del primero.
El retraso impidió que se le cumpliera un contrato de suministro a Cementos Mexicanos, ante lo cual Pemex, es decir el Gobierno, se vio obligado a importar coque de petróleo para evitar una demanda.
La coyuntura, pues, está abierta para sacar del polvo viejos expedientes.
