Recibido el golpazo en la coyuntura del inicio de la caída en picada de Mexicana de Aviación, el común de la opinión pública asoció la degradación de México a la categoría II en el escenario de vuelos internacionales, a la triste situación de una de las líneas aéreas emblemáticas del país.
La certeza impidió reparar en que la carambola también le pegaba de lleno a Aeroméxico, dado que su efecto primario es cancelar la posibilidad de utilizar códigos compartidos, es decir el volar indistintamente bajo las siglas de varias compañías hacia los Estados Unidos.
El caso es que el asunto Mexicana nada tenía que ver con la acción punitiva de la Casa Blanca, instrumentada por la AAF, es decir la máxima autoridad aeronáutica del país de allende el Bravo, por más que el escándalo amagaba con provocar denuncias internacionales por fraude contra los usuarios, al venderse asientos para vuelos futuros que la empresa sabía perfectamente que no iba a realizar.
El blanco remite al trágico accidente aéreo en que perdiera la vida el ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
¿Se acuerda usted de aquella escena dantesca en que se advierte el fuego sobre las casas, los automóviles, el asfalto, en medio del horror de un avión fragmentado en cien y regado entre residuos de combustible y olor a miedo?
La historia integra uno más de los capítulos más inauditos en el libro de dislates del actual sexenio.
Hete aquí que ante el rejuego de versiones que hablaban de un acto de sabotaje perpetrado por el narcotráfico contra el joven funcionario al que se le ubicaba desde ya como el delfín del presidente Felipe Calderón para pelear la sucesión presidencial en 2012, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, enredado en explicaciones cuya veracidad estaba en duda, ideó el colocar en escena un perito de solvencia moral indiscutible: la AAF.
Ni tú ni yo, pues, que sea un organismo internacional quien emita el dictamen definitivo.
Y hacia Estados Unidos voló la caja negra del avión Lear Jet destrozado a unos cuantos metros de la residencia presidencial de Los Pinos.
En tres meses, pues, se sabría la verdad.
Sin embargo, se fueron los meses, se fue el titular de la SCT, se fueron las especulaciones, se fue el horror de la tragedia ante nuevos episodios del baño de sangre en el país, y nada...
Lo cierto, sin embargo, es que el dictamen llegó a tiempo con una conclusión inesperada para el Gobierno, lo que obligó a guardarlo bajo siete llaves.
No había sabotaje, no había atentado, no había bomba, no había misil, no había intención de hacer caer el avión en Los Pinos, no había tomado Mouriño el mando del avión para aterrizarlo, pero sí negligencia.
El piloto del Lear Jet no estaba capacitado para volar un aparato de esa naturaleza, lo que provocó que se acercara peligrosamente al Jumbo Jet de Aeroméxico que maniobraba para aterrizar.
El problema es que la autoridad aeronáutica de los Estados Unidos había descubierto que el piloto había realizado estudios en una escuela de las denominadas "patito", con la novedad de que ésta tenía al menos 600 graduados en el mercado laboral del país.
La AAF exigió que se le transparentaran los nombres de éstos y, desde luego, si estaban volando y en tal caso con cuáles empresas.
El plazo para entregar el catálogo vencía en febrero de este año, bajo el amago de degradar la posibilidad de vuelos de aviones nacionales a la categoría II, con la novedad de que agotado éste, el Gobierno no lo tenía aún.
Ante la emergencia, el propio presidente Felipe Calderón debió solicitar una tregua a la Casa Blanca para evitar el sofocón para su Gobierno... tras un baño de denuestos a los negligentes.
El nuevo plazo fue de seis meses, es decir en agosto llegaría la siguiente fecha fatal.
El caso es que tampoco.
Digamos que la prioridad, en el lapso del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, fue defenderse frente a la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia lo ubicara como responsable del incendio que le costó la vida a 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo.
El interés personal, pues, por encima del nacional.
La guillotina, así, cayó implacable, con la amenaza de que si en seis meses no están a la vista los datos, la degradación llegaría a la categoría III.
Traducido a los hechos, el golpe significaría que ningún avión mexicano, sea comercial o particular, podría volar a los Estados Unidos.
Naturalmente, en ese país la amenaza provocaría el despido inmediato de todos los funcionarios involucrados, sólo que estamos en México.
O qué, ¿no se vale equivocarse un millón de veces?
La posibilidad de una Ley de Fomento al Primer Empleo que empuja el senador priista Manlio Fabio Beltrones, provocó una ola de indignación entre la bancada panista, no tanto por el evidente plagio a una propuesta de campaña del presidente Felipe Calderón, sino por la posibilidad de desnudar el estrepitoso fracaso de ésta.
Como recordará usted, al amanecer del sexenio se puso en marcha la alternativa, bajo el anzuelo de que los patrones que le darían empleo a jóvenes sin experiencia laboral alguna, quedarían exentos del pago de cuotas al Seguro Social durante los primeros 10 meses.
El respaldo sería un fondo de tres mil millones de pesos.
El problema es que la posibilidad del beneficio exigía a las empresas una inscripción previa... cuyos requisitos se volverían insalvables.
Las firmas estaban obligadas, entre otras cosas, a demostrar que no tenían adeudo alguno con el organismo o con el fisco; que no habían enfrentado litigio alguno con el Gobierno, y que estaban en regla sus estados financieros.
Naturalmente, en un año sólo lograron subir la empinada cuesta menos de 300 empresas.
El fiasco, pues, fue estrepitoso. El caso es que el problema sigue vivo, dada la denuncia del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, de que en el país existen 7.5 millones de ninis, es decir jóvenes que ni estudian ni trabajan.
SIEMPRE SÍ
La creación de una comisión gubernamental, bajo el título de Comité de Coordinación para apoyo del proceso de reestructura, para analizar la situación de Mexicana de Aviación, es el primer signo de que el Gobierno sí está dispuesto a rescatar a la empresa aérea, aunque no bajo las condiciones tradicionales.
Digamos que los accionistas de la firma perderían totalmente su derecho corporativo, asumiendo el Estado el control de la compañía, bajo el esquema de una requisa.
La exposición de motivos hablaría de la necesidad de mantener activa una empresa estratégica que genera ocho mil empleos, en un escenario en que en tres meses se volverían inservibles los pocos aviones que le quedan tras el envío de la mayoría a las empresas arrendadoras, a contrapelo del inicio del concurso mercantil.
Naturalmente, se hablará de un estadio provisional mientras se consigue a un comprador privado.
