El Servicio de Administración Tributaria (SAT) compró o está por comprar 285 camionetas pick-up Chrysler en 176 millones 130 mil pesos, cuando podría haberlas comprado en 115 millones 710 mil pesos o menos. Es decir, pagó, o está por pagar, un sobreprecio de 60 millones 420 mil pesos, denuncia y documenta ante la Secretaría de Hacienda el ciudadano José Luis Moya.
Se refiere a la licitación 06101072-026-10 cuyo fallo de adquisición fue emitido el pasado 5 de octubre a favor del proveedor Auto Hangar S.A. de C.V. (cuyos dueños al parecer son los mismos, o quizás socios, de Automotriz Mexicana, Grupo Automundo y Autos Polanco), que vendió o está por vender cada una de las camionetas y su equipamiento en 618 mil pesos, cuando otros proveedores han cerrado operaciones similares en 406 mil pesos por unidad equipada o menos sin el equipo solicitado en este caso.
Para hacer los comparativos consultamos una reciente cotización entregada a Pemex Refinación el pasado 15 de octubre para la licitación SCBS-003/2010, en la que el costo más alto por el mismo vehículo es de 271 mil pesos a precio de flotilla y sin el equipamiento especificado.
Un vehículo similar, pero de otra marca -sin que aplique el eventual descuento por una compra en flotilla- cuesta 335 mil pesos, y si se le agrega el equipo solicitado por el SAT (torreta, sirena, micrófono para sirena, sistema de doble batería, cinturones de arrastre y otros aditamentos) aumenta aproximadamente 71 mil pesos, lo que eleva el precio por unidad a 406 mil pesos. Pero el SAT pagó o está por pagar 618 mil pesos.
No se entienden, por lo demás, las razones por las cuales el SAT no optó por una compra en flotilla o por qué adquirió vehículos cuatro por cuatro (para terrenos agrestes) cuando hasta donde se sabe, estas 285 camionetas serán destinadas a los recintos fiscales.
La respuesta está, acertó usted, en lo que a todas luces parecen ser relaciones de corrupción, un círculo -le he dicho en este espacio en otras ocasiones- en el que todos parecen estar involucrados. Los funcionarios públicos dirán que son corrompidos por proveedores que buscan ser favorecidos y los proveedores dirán que todos los funcionarios públicos piden mordida y que si no se la dan, su negocio está fuera de competencia.
Pero este caso que le cuento tiene pasado. Los proveedores -según denuncias periodísticas que se refieren a Automotriz Mexicana- habrían defraudado con 88 millones de pesos al GDF en la compra de 2 mil 60 patrullas entre enero y mayo de 2000, mediante el contrato CAL-002/2000. Pero eso no es todo, también concretaron otra venta de mil patrullas para la Policía Federal en 2005, 2006 y 2007 con sobreprecios encubiertos en el equipamiento, según corrobora en una declaración ministerial Édgar Arturo Pérez García, extitular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control de la PFP.
Quizá por tales antecedentes, la Secretaría de Seguridad Pública del DF suspendió la licitación, en la que habían quedado como únicos proveedores, para la renta de mil patrullas, y la Secretaría de Salud declaró la nulidad -según se nos aseguró- de la licitación mediante la cual compraría 222 camionetas para las Caravanas de la Salud por 110 millones de pesos.
Pocas denuncias son las que se atienden, y las multas que determina la Secretaría de la Función Pública a los responsables de las que se procesan, no siempre son cobradas por el propio SAT.
De acuerdo con sus propios datos, hay 640 multas por un total de 43 mil millones de pesos que no ha cobrado. En ellas hay verdaderos peces gordos como el exdirector de Pemex Rogelio Montemayor, y quien fuera su subdirector, Carlos Juaristi Septién, con créditos fiscales no pagados por mil 421 millones de pesos y 532 millones de pesos, respectivamente. Hay además otros por cantidades inimaginables. Tal es el caso de las multas por 305 millones contra Carlos Tomás Peñaloza Webb, del IMSS; por 192 millones contra Yamile Montserrat Hernández Horta, del ISSSTE; o por mil seis millones contra Juan García Ávila, del IPN.
Nada dice sobre esto el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y nada más falta que los multados ni siquiera vayan a parar al Buró de Crédito, aun con semejantes adeudos al fisco.
(rrodriguezangular@hotmail.com)
