Pendiente la resolución de la Suprema Corte frente a la Controversia Constitucional planteada por el Senado contra el Ejecutivo por homologar, vía un decreto, normas de calidad de productos electrónicos procedentes de Estados Unidos, en drible a la Ley, la Secretaría de Economía ya entró en otro pantano.
Estamos hablando de darle el visto bueno a una operación que viola la Ley de Inversiones Extranjeras en materia de transporte de carga, por más que se intente disfrazar vía la colocación de las acciones en un fideicomiso neutro. La nueva acción ilegal de la dependencia encabezada por Bruno Ferrari apunta a permitir que la firma estadounidense de transporte de valores Brink's Incorporated, adquiera el 80 por ciento del capital del Servicio Panamericano de Protección, conocido como Serpaprosa, en adición al 20 por ciento que detenta en burla adicional a la Ley. La firma es propiedad mayoritaria de siete bancos comerciales y uno de desarrollo, es decir Santander, BBVA Bancomer, Banamex, HSBC, Scotiabank, Banorte... y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
De acuerdo a la fracción primera del Artículo sexto de la Ley de Inversiones Extranjeras, "las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión a extranjeros: I. Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería". Y aunque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte permite la incursión de transportes de Estados Unidos a México en una franja fronteriza determinada, se prohíben las actividades de cabotaje, es decir llevar mercancías de un lado a otro del propio país anfitrión.
Del tamaño de la aberración jurídica que se pretende habla la publicación de un desplegado de protesta a media plana de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, dirigido al presidente Felipe Calderón y a los presidentes de la Mesa Directiva del Senado y de la Cámara de Diputados. "Nuestra postura no está orientada a afectar la participación de Serpaprosa en el mercado de autotransportes de fondos y valores, lo único que pretendemos es que, a través de este proceso de compraventa de acciones, no se cometa una vez más un acto ilegal y se pretenda invalidar operaciones de esta naturaleza efectuadas en el pasado al margen de la Ley". La referencia alude a que hace 41 años la firma estadounidense llegó contra viento y marea a la firma transportadora de valores, iniciándose una serie de litigios para obligarla a vender su participación de 20 por ciento. De hecho, en 1997 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le revocó el permiso que tenía para permanecer en el país, decisión contra la que se amparó, alegando que el transporte de valores no es equivalente al de carga. Lo cierto es que en el estira y afloja sobre la legalidad de la permanencia de Brink's vía un fideicomiso neutro establecido en Nacional Financiera, los bancos descuidaron la administración de la firma, quien se metió en otro tipo de laberintos internos, al ser acusada de incumplimiento en el pago de reparto de utilidades, y de evasión fiscal.
La Secretaría de Hacienda la acusaba, concretamente, de tributar en un régimen simplificado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que le concede prerrogativas a las empresas transportadoras, sin tener derecho a ello por obtener ingresos distintos a su tarea.
Dicho con todas las letras, la firma no sólo trasladaba efectivo para alimentar los cajeros automáticos de los bancos o recoger depósitos de empresas con operaciones líquidas como gasolineras, sino llevar recursos a particulares. La presunción adicional era que estas operaciones no se declaran por parte de éstos.
El caso es que en el camino la empresa perdió al 70 por ciento de su clientela, con énfasis en las grandes cadenas mercantiles como Wal Mart, Comercial Mexicana y Chedraui. Cuesta abajo en su rodada, Serpaprosa se convirtió en un dolor de cabeza para sus accionistas, quienes decidieron su venta desde hace seis años, sin concretar un comprador idóneo.
La desesperación hizo volver los ojos a Brink's, bajo el argumento de qué tanto es tantito, si ya tiene el 20 por ciento. El problema es que la operación no sólo viola la Ley de Inversiones Extranjeras, sino la de Armas de Fuego y Explosivos que prohíbe a empresas con mayoría de capital extranjero custodiar éstas.
Se calcula que Serpaprosa tiene al menos ocho mil armas.
¿Capital extranjero colocando la Ley como alfombra?
BALANCE GENERAL
Utilizada como bandera de campaña del PAN la tendencia de los gobiernos priistas a endeudar al país, hete aquí que en el actual sexenio la deuda pública total del país alcanza ya el 35 por ciento del Producto Interno Bruto, frente al 29.2 con que se inició. La perspectiva habla de cerrar el año con 36.8 por ciento. La justificación de la Secretaría de Hacienda habla de mayor presión a las arcas públicas por el vencimiento de pagos de contratos para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad bajo el marco de los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto.
El problema es que siempre se dijo que éstos se pagarían con el flujo generado por las obras realizadas.
Además, se plantea que la reforma a la Ley del ISSSTE implicó un mayor gasto... por más que el organismo se gastó en septiembre todo su presupuesto.
SEIS CAPÍTULOS FUERA
Hasta hoy son seis los capítulos que se excluirán de la negociación para un Acuerdo de Integración Económica entre México y Brasil.
El más importante de todos es el agropecuario, cuya exposición de motivos habla de graves asimetrías entre los países.
Más allá, se sacó de la lista a productos de cuero y calzado, autopartes, línea blanca y electrónica, carne de res y bovino, y componentes para equipos de cómputo.
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
De acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los funcionarios públicos, una vez que éstos abandonan sus cargos se abre un plazo de un año para que puedan contratarse para realizar actividades afines, dada la información privilegiada que manejaron, además de la posibilidad de incurrir en conflicto de interés frente a su relación en el Gobierno.
De hecho, tras dejar la Secretaría de Hacienda, Pedro Aspe se dedicó 12 meses a la docencia, en tanto Guillermo Ortiz esperará hasta marzo para asumir la presidencia de Banorte, lo que implica más de un año después de dejar al Banco de México.
El caso es que la disposición pareciera ajena al ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y a la ex subsecretaria de Comunicaciones, Gabriela Hernández.
El primero ya puso su despacho jurídico al servicio de Nextel frente a los litigios que enfrenta, en cuyo marco se le impide explotar la red de telefonía celular que adquirió a precio de ganga.
El problema es que la tarea se realiza codo a codo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
La segunda está presionando a la propia SCT para que se obligue a los trabajadores de tierra de Mexicana de Aviación a romper el cerco que impide devolver aviones que le había rentado a ésta la firma General Electric, para quien trabaja actualmente.
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