En lo que representa la cumbre de la corrupción galopante en Petróleos Mexicanos, ésta acaba de descarrilar una licitación pública ubicada como modelo para evitar componendas y arreglos bajo la mesa, para favorecer a una empresa inhabilitada por la Función Pública.
La propia dependencia había abierto el escenario a lo que se calificaba como "contrato marco" de cara al futuro, en cuya confección la paraestatal había erogado el escándalo de 100 millones... de dólares.
Según ello, Pemex Exploración y Producción se ajustaba, ahora sí, a los lineamientos específicos de la Ley de Adquisiciones, en paralelo, naturalmente, a las normas éticas previstas en los códigos internacionales. La licitación "ejemplar", pues, se fue a la basura.
Abierta la ruta de colisión el 17 de julio pasado, al publicarse en la página web de la empresa pública las bases de la licitación por un contrato que oscilaría entre 80 y 90 millones de dólares, este se fue llenando de obstáculos.
De hecho, de las 50 firmas inscritas para proveer de equipos de trabajo a la paraestatal, entre overoles, botas, guantes, protecciones y demás etcéteras, 15 de ellas desertaron ante una absurda catarata de cambios en las bases de licitación.
De pronto, sin más, aparecieron requisitos adicionales a los tradicionales, es decir, el acta constitutiva de la empresa licitante; las facturas de la maquinaria y equipos requeridos; los certificados de no adeudos fiscales; la integración de los directivos...
Y de pronto, sin más, se cambiaban las fechas de entrega de la documentación.
El colmo llegó cuando se metió la mano negra del subdirector de suministro de la Dirección Corporativa de Operaciones, Ramón Guerrero Esquivel, quien de acuerdo con los reglamentos internos de Petróleos Mexicanos no tenía facultades para operar una licitación internacional.
El caso es que por órdenes del funcionario se suspendió todo el proceso. El argumento hablaba de una petición expresa de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido.
El concurso, dividido en cuatro secciones con una gama de 185 productos, pues, se quedó en el limbo.
El problema, ¡válgame Dios!, es que las empresas que se quedaron vestidas y alborotadas tienen la firme sospecha de que la maniobra pretende ganar tiempo para favorecer directamente a una firma e indirectamente a otras dos.
Estamos hablando de Guantes Vargas, una compañía que fue sancionada por la propia Secretaría de la Función Pública con una inhabilitación temporal.
De alargarse el proceso hacia 2011 la empresa libraría el período de veda para participar en licitaciones públicas. Guantes Vargas había ganado anteriormente un contrato por 600 millones de pesos.
Tradicionalmente los uniformes para los trabajadores de la paraestatal se han confeccionado con la tela producida por dos empresas, entre ellas Calpex.
En concordancia a los participantes de la licitación frenada, a éstas también favorecería el tortuguismo de la paraestatal.
De acuerdo con las bases de licitación, el proceso se debió haber cubierto en su totalidad en noviembre pasado, para levantarle la mano al vencedor de la pelea en la segunda quincena de diciembre.
Por lo pronto, esta mañana, ante la presión de los inconformes y su amenaza de plantear una denuncia formal ante la Secretaría de la Función Pública, Pemex Exploración y Producción los citó a una reunión.
La paradoja del caso es que el propósito de enmienda frente al mes culpa de la paraestatal naufragó entre sospechas de más de lo mismo.
De la corrupción tricolor a la azul.
BALANCE GENERAL
Más de lo mismo: La noticia es que la Cámara de Diputados, en la fase previa a la clausura del período ordinario de sesiones, instauró una Comisión Especial para investigar presuntos actos de corrupción durante la época en que el ex dirigente panista, César Nava, fungió como abogado general de Petróleos Mexicanos.
La posibilidad cobró fuerza cuando se supo que el actual diputado había adquirido un "pisito" en Polanco a costo multimillonario... que se trató de disfrazar como una "ganga". Nava ocupó el encargo durante la época en que el presidente Felipe Calderón fue secretario de Energía, tras renunciar a la dirección general de Banobras.
OSCURIDAD DE LA CASA
Hete aquí que al momento de que Mexicana de Aviación dejó de volar, sus acreedores, con énfasis en el Banco Mercantil del Norte y el Banco Nacional de Comercio Exterior, se lanzaron a pagar las deudas que tenía por el uso de slots en los aeropuertos de Estados Unidos.
La razón era evidente: de perder los lugares la firma aérea cancelaría su posibilidad de regresar a las rutas en el vecino país, dejando la puerta abierta a Volaris e Interjet frente, como ocurrió, a un eventual levantamiento del castigo impuesto a México al degradar el nivel de seguridad aérea del país.
LA PROVISIÓN, PUES, ERA INDISPENSABLE.
Lo curioso del caso es que ninguno de los acreedores se preocupó por hacer lo propio con las terminales aéreas del país.
De hecho, el Grupo Aeroportuario del Sureste ya presentó una demanda contra la empresa por una deuda que supera los 400 millones de pesos.
Ahora que el aeropuerto Benito Juárez de la ciudad de México, administrado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, pese a la protección de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, está entregando una parte sustancial de los lugares de despegue y aterrizaje a las propias Interjet y Volaris, además de una porción de los mostradores de bienvenida.
MEXLUB EN EL HOYO
Aunque Mexicana de Lubricantes salió finalmente al ruedo para señalar que aún está viva su sociedad con Petróleos Mexicanos y que puede seguir manteniendo la exclusividad en la venta de sus productos en las nueve mil gasolineras de la paraestatal, la realidad es distinta.
Al declarase infundada una solicitud de amparo interpuesta por la firma productora de aceites y lubricantes por el Primer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito, quedó firme una sentencia que declaraba la nulidad de los contratos que le permitían operar a MexLub, entre ellos el de la exclusividad.
Más aún, de acuerdo al artículo 229 fracción II de la Ley General de Sociedades Mercantiles, al disolverse una relación se prohíbe realizar el objeto principal de la sociedad.
De hecho, la única alternativa de la firma, encabezada por Salvador Martínez Garza, sería litigar sobre una de las partes de la resolución, es decir, el que le reembolse a Pemex los gastos y costos del largo litigio.
Por lo demás, si Mexicana de Lubricantes mantiene la venta de sus productos sin atender la resolución estaría violentando los principios de las licitaciones públicas, puesto que la rescisión de los contratos no quedó sujeta a una resolución cautelar o un amparo, es decir, sus efectos actuaron de inmediato.
